El Gobierno anunció este lunes, en voz del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la presentación de una querella en contra de Marcelo Piccardo, empresario acusado de negar que un helicóptero de Conaf bajara a sacar agua de una piscina de su propiedad para el combate de los incendios forestales en Yumbel, Región del Biobío.
De esta forma se ingresó el recurso ante el Juzgado de Garantía de esa comuna, donde Piccardo es señalado por dificultar el actuar de Bomberos o servicios en una situación de emergencia, tipificado como un delito en el Código Penal, publicó este martes La Tercera.
Fue la delegada presidencial, Daniela Dresdner, quien se querelló contra Marcelo Alejandro Piccardo, en un texto que señala que alrededor de las 10:00 horas del martes 7 de febrero, "uno de los tres pilotos extranjeros que prestaban servicios de combate de incendios en Yumbel, se preparaba para descender para extraer agua de una piscina, específicamente en la propiedad de Piccardo", recogió el medio citado.
El escrito señala que cuando el helicóptero se aproximó, Marcelo Piccardo realizó señas a los pilotos para que no sacaran agua, "poniendo incluso unas líneas, aparentemente de alambres, para evitar el descenso, evitando así sacar agua de la piscina".
Para el Gobierno, la decisión del empresario "impidió la actuación del personal de utilidad pública que apoyaba a Bomberos y Conaf en las acciones para contener el fuego existente en la comuna, a pesar de la gran propagación del mismo y que hasta el momento ha generado muchas pérdidas al patrimonio de las familias afectadas y al medioambiente".
El recurso enfatiza que el delito es agravado al estar en estado de excepción de catástrofe: "La acción del querellado de impedir la extracción del agua por parte del personal de emergencia constituye una obstrucción al correcto desempeño de su labor, lo que, además, supone poner en riesgo la vida y seguridad de los vecinos del sector".
SOLICITUD DE DILIGENCIAS Y DE TOMA DE DECLARACIÓN
El Gobierno pide al Ministerio Público el despacho de una orden a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI para que empadrone a los testigos, fotografíe la casa del empresario, solicite el registro de las cámaras de seguridad del sector, junto con recabar evidencia del sitio para esclarecer el hecho.
También solicita que el Laboratorio de Criminalística de la policía civil realice un reconocimiento fotométrico de las cámaras de seguridad y, junto con ello, requiere al ente persecutor que cite a declarar a las víctimas directas, testigos y que se tome declaración a los carabineros que asistieron al lugar, para esclarecer si se encontraron restos balísticos, siempre de acuerdo al rotativo.
