En conversación con Una Nueva Mañana, el periodista Pedro Cayuqueo valoró positivamente la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó al ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, explicar bajó qué fundamentos apuntó a comuneros mapuche como responsables de causar el incendio forestal que cobró la muerte de siete brigadistas en la comuna de Quillón, en el Biobío, a principios de mes.
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Cayuqueo dijo que la "metida de pata" de Hinzpeter echó por tierra la confianza de las comunidades frente al Gobierno. |
El procedimiento "quizás no va a influir mucho en materia judicial, pues probablemente el ministro va a entregar un informe donde va nuevamente a mezclar peras con manzanas -como se dice vulgarmente-, unir una serie de hechos inconexos y de dudosa procedencia, a establecer una unión artificial de hechos que nadie sostiene acá en el sur", planteó.
Sin embargo, "en lo simbólico sí es importante, porque le está diciendo a la autoridad: 'Ojo ministros, ojo subsecretarios, e incluso Presidente. No es gratuito o no será gratuito de aquí en adelante acusar a los mapuches de tal o cual cosa".
"Hoy día existen profesionales mapuche en la capital y el ánimo de establecer acciones judiciales respecto de autoridades, porque -aunque se olvide- existen leyes en este país que establecen claramente que las discriminaciones y el racismo son delito, y lo que se hizo desde La Moneda acusando a los mapuche, o deslizando la posibilidad de que los mapuche fueran los responsables de ese incendio, es un acto de discriminación y racismo", sostuvo.
El director del periódico Azkintuwe criticó además el intento de Hinzpeter de bajarle el perfil al dictamen al calificarlo como "rutinario".
Según Cayuqueo, "el daño que se produjo en el sur a la confianza depositada por las comunidades en la administración de Gobierno es tremendo. Yo no sé cómo las autoridades calibran esta metida de pata del Ministerio del Interior, porque desde que asumió el Presidente Piñera no se había aplicado ninguna ley de excepción al pueblo mapuche, y eso era una señal potentísima que las comunidades y el movimiento mapuche habían valorado bastante, porque la aplicación de la Ley Antiterrorista se volvió una costumbre en los Gobiernos de la Concertación".
En este sentido, "la señal que da el Ministerio de culpar públicamente a las comunidades mapuche de un atentado o accidente que fue terrible, donde murieron siete brigadistas, golpeó una mesa que estaba construyéndose en materia de confianza y de reconocimiento, sentenció.