El diputado Sergio Gahona denunció la aplicación de criterios arbitrarios para favorecer a "empresas cuestionadas".
Pidió que la Contraloría investigue la situación.
Dos empresas recurrieron al Tribunal de Contratación Pública por el mismo tema.
El diputado UDI Sergio Gahona presentó un oficio ante la Contraloría General de la República para que indague eventuales irregularidades en el proceso de licitación pública del Programa de Alimentación Escolar 2018, abierto a mediados de octubre.
En línea con las denuncias recientes que presentaron ante el Tribunal de Contratación Pública las empresas Soser y Distal, Gahona apuntó a supuestos cambios "arbitrarios" en los requisitos y criterios de evaluación del desempeño, donde se está midiendo con parámetros del año 2014 y no de 2016, como correspondería.
"Se ve una arbitrariedad y un criterio que no se había empleado nunca antes, y cuando uno empieza a revisar cuáles serían las empresas favorecidas con ese creiterio, son precisamente las empresas que han estado cuestionadas en procesos anteriores", dijo Gahona.
"A mí me parece compleja esta situación y creo que lo mejor es que se continúe con los criterios que, normalmente, se hacían y no estar innovando antojadizamente, como lo ha pretendido hacer la Junaeb", agregó el parlamentario.
Empresa pide mayor "transparencia"
Desde Distal declinaron referirse al asunto, argumentando que el tema está en tribunales. En Soser el gerente legal interno, Nicolás Vallarino, explicó a Cooperativa que el objetivo es "que se vuelva a revisar el anexo 15, que es la conducta contractual anterior de la empresa".
"A nosotros nos parece que, valga la redundancia, es una buena medida medir a las empresas por el comportamiento contractual anterior, pero no tomando en consideración un año. Nosotros creemos también que debe ser un periodo más largo, y también que haya alguna forma en que se explique por qué sea 2014, 2015, 2016 o el año que sea. Es decir, que haya algo más transparente", dijo el abogado.
Jaime Tohá, director nacional de la Junaeb, aseguró la semana pasada que los criterios de la licitación son objetivos y no benefician ni perjudican a nadie en particular. Indicó que aquéllas son "inferencias" de las empresas.
