El centro de estudios criticó que se congele el reajuste del aporte a los colegios por la Ley de Inclusión.
"Se va a generar un problema financiero para muchos establecimientos", dice Guido Crino, presidente de la FIDE.
Desde el Mineduc llamaron ayer a la tranquilidad y descartaron desfinanciamiento de las escuelas.
Menos plata para los colegios, más para la gratuidad universitaria. Es la queja que comparten sostenedores y algunos analistas luego de que el Gobierno decidiera no reajustar los recursos destinados a la Ley de Inclusión en el proyecto de ley de Presupuesto.
Se suponía que el denominado "aporte por gratuidad" iría aumentando con el paso de los años. Si en 2016 era de 6.000 pesos mensuales por alumno y este año alcanzó los 8.300, al 2019 debía subir 2.000 pesos más. Sin embargo, el Gobierno no incluyó este reajuste en el Presupuesto.
Así, un colegio que tenga 900 alumnos podría acumular un déficit de 21 millones de pesos en un año debido a la estrechez.
Guido Crino, presidente de la Federación de Instituciones de Educación (FIDE), advierte que esta situación "va a generar un problema financiero a muchos colegios, tanto municipales como particulares subvencionados, porque contaban con ese aporte de gratuidad".
"Eso afecta especialmente a los particulares subvencionados... En la práctica, se disminuyen 2.000 pesos mensuales por alumno (respecto de) lo que debían recibir en 2018 sin ninguna explicación", critica Crino.
Raúl Figueroa, director ejecutivo del centro de estudios Acción Educar, afirmó que la medida podría afectar a unos dos millones de escolares, y afirma que con ella "se está dejando de cumplir lo que dice una ley para promover un programa presupuestario, como es la extensión de la gratuidad universitaria".
Desde el Ministerio de Educación la subsecretaria Valentina Quiroga llamó ayer a la "tranquilidad" y aseguró que "no es que vayan a desfinanciarse proyectos", porque los "proyectos que hoy día están adscritos a gratuidad ya están financiados con los recursos que se les estaban entregando".
"Llaman la atención esos argumentos, porque acá hay una cuestión que es muy clara: los colegios estaban esperando recibir esos recursos y esto está establecido en la ley", comentó Figueroa.
"Lo que se está haciendo es simplemente restarle recursos al sistema escolar para beneficiar otra serie de proyectos", subrayó el experto.
