El jefe comunal de Santiago fue el primer invitado en el inicio de la tramitación del proyecto.
Alessandri argumentó a favor del proyecto.
Este martes comenzó en la comisión de Educación del Senado la tramitación del proyecto de ley "Aula Segura" que busca reducir de 25 a cinco los días hábiles para la expulsión de un estudiante involucrado en actos de violencia.
La iniciativa, ingresada al Congreso con suma urgencia, antes de ser analizada por esta instancia fue declarada inconstitucional por la comisión de Constitución de la Cámara Alta por no garantizar el debido proceso.
El primer invitado fue el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien dijo que la justicia, para que sea tal, debe llegar en plazos oportunos.
"La justicia para cumplir su fin tiene que ser oportuna. Si me tienen un alumno inserto en clases amedrentando a un profesor, el mismo (alumno) que estuvo en la mañana lanzando molotov, generando un cortacalle o destruyendo el mobiliario urbano, y se demoran dos meses los procesos, finalmente es poca la justicia que se puede hacer", dijo el jefe comunal.
"Lo primordial de esto es que no nos perdamos en el fondo, que yo creo que todos como sociedad estamos de acuerdo en que ojalá uno pueda ir con normalidad a clases, y necesitamos normas que sean eficaces", añadió.
Defensora de la Niñez llamó a no confundir a la opinión pública
En tanto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, también abordó los cuestionamientos al debido proceso de la iniciativa, resaltando que se parte con la sanción y que no basta con que la ley haga referencia al debido proceso para que este se cumpla, esto en relación a la indicación del Gobierno que asegura a los alumnos dos días para hacer sus descargos y que también le entrega una atribución a la Superintendencia de Educación para revisar todo el proceso.
La defensora de la Niñez además hizo un llamado a no confundir a la opinión pública debido al video publicado por el alcalde Alessandri sobre la golpiza a un carabinero en el INBA y abogando con ello a la aprobación de este proyecto.
"La brutalidad con la que fue atacado el cabo Quintanilla es en este país un delito que debe ser perseguido penalmente con la máxima intensidad y rigor y no va a ser resuelto por un proyecto de ley de esta naturaleza que atiende y tiene como objetivo una situación absolutamente distinta a la que se pretende plantear", indicó Muñoz.
"La violencia no resulta tolerable, pero con esa misma fuerza en la declaración es necesario transmitir claridad a la ciudadanía en términos de cuales son las posibilidades de intervenir en actos de violencia y los hechos que han sido conocidos", dijo.
Gobierno: Existen procedimientos pero lentos y burocráticos
Durante la tarde expuso el ministro del Interior Andrés Chadwick, y estuvo presente la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Algunos parlamentarios y expertos han planteado reparos al proyecto respecto a que no es una materia que requiera ley porque se regula con los protocolos de convivencia de los mismos colegios y porque entra en contradicción con una circular de la Superintendencia de Educación de junio de este año en que se establecen los mecanismos para las expulsiones.
"La normativa actualmente existente, desde nuestra perspectiva, jurídicamente permite y avala la posibilidad de que directores puedan suspender a alumnos y también a aplicar la sanciones de alumnos o cancelación de la matricula", indicó la defensora de la Niñez.
El proyecto, "desde esa perspectiva, no resultaría necesario", según Patricia Muñoz.
Por su parte, el ministro Chadwick sostuvo que "procedimientos para expulsiones existen, el problema es que son procedimientos extraordinariamente lentos y terminan siendo muy burocráticos, entonces no permiten a los directores imponer la autoridad y la disciplina que se exige de inmediato para efectos de poder controlar estas situaciones y por eso la necesidad de la ley".
"Ese es el sentido de la ley, tener un instrumento que permita que las atribuciones las puedan ejercer los directores en forma inmediata para evitar daños mayores como los hemos visto durante el tiempo", agregó.
En ese sentido, la senadora de la comisión de Educación, Ena Von Baer (UDI) aseguró que "los procesos duran alrededor de 40 días, a veces 20 días, y durante ese periodo los alumnos muchas veces siguen asistiendo a clases, y esta es una situación muy compleja".
La legisladora gremialista apuntó que la situación ocurre "porque, lo que ha dicho la Corte, es que no se puede sancionar dos veces al estudiante por una mis a situación, y eso es algo que el proyecto también busca hacer cargo".
Chadwick golpeó la mesa y dijo que proyecto cumple con debido proceso
En la instancia, el ministro Chadwick golpeó la mesa ante la pregunta de la senadora Yasna Provoste (DC) y dijo que el proyecto cumple con debido proceso.
"Cómo van a haber perdido tanta la sintoniza con la ciudadanía, cómo van a haber perdido tanto el sentido común, cómo van a actuar con esa política tan pequeña de no entender que para la tranquilidad, la paz, el buen funcionamiento de un liceo, no pueden haber estudiantes disfrazados con overoles blancos lanzando bombas molotov", afirmó el secretario del Interior.
"¿No alcanzan a entender eso?", se preguntó el ministro: "Me parece que cometerían un profundo error", manifestó.
La senadora Provoste, por su parte, enfatizó que "la expulsión ya está en nuestro ordenamiento jurídico, es una facultad que tienen los directores y directoras de establecimiento desde hace ya largo tiempo. Acá tenemos que ir a las causas de origen que generan esta violencia".
Desde el Gobierno anunciaron que se le renovará la urgencia al proyecto.
