La Comisión de Educación del Senado aprobó este martes la idea de legislar el proyecto de Aula Segura, que busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales para las expulsiones y cancelación de matrículas en casos de violencia.
La iniciativa fue aprobada reglamentariamente luego de que obtuviera solo dos votos a favor de los oficialistas Ena von Baer (UDI) y José García Ruminot (RN); dos abstenciones, de la presidenta de la comisión Yasna Provoste (DC) y Jaime Quintana (PPD); y en contra solo votó el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre (RD).
Debido al cambio de calificación de la iniciativa a discusión inmediata (la que se dio cuenta esta misma tarde), cada rama legislativa del Congreso tendrá un plazo de 6 días para debatir el proyecto.
Ante esto, la comisión de Educación del Senado acordó, tras someter a votación en general la iniciativa, analizar las indicaciones en esta misma jornada para que sea analizada mañana miércoles por la Comisión de Hacienda y luego quede en condiciones de ser vista por la Sala del Senado.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, valoró esta aprobación y reiteró la necesidad de legislar en este tema.
"Esta es una ley necesaria que viene a cubrir un vacío en facultades que tienen los directores hoy día para enfrentar hechos de violencia", planteó la secretaria de Estado.
Rechazo a indicaciones y cambio de nombre
Durante la votación en particular, se rechazaron todas las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, en específico, las que establecen la obligación del director de colegio a expulsar y también la de las dos causales referidas a las infracciones a la ley de armas y lesiones graves.
La oposición en tanto aprobó sus propias indicaciones, sobre facultar al director del colegio para poder expulsar y que la suspensión debe ser una medida cautelar.
También se extiende la posible separación del estudiante a cualquiera de las causales graves o gravísimas que estén establecidas en el reglamento interno de cada uno de los colegios.
Además, se aprobó una indicación para cambiar el nombre a la iniciativa por proyecto de ley "que fortalece las facultades de los directores de los establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar", a diferencia de la versión original que hablaba de expulsiones.
La molestia de la ministra de Educación
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, reaccionó con molestia y aseguró que las indicaciones de la oposición serían inadmisibles porque no van en el espíritu del proyecto originalmente presentado.
"Nos parece que esto desnuda lo que ha sido este mes de debate. Hay temor por parte de algunos senadores para decir las cosas por su nombre, aquí no se habla de la violencia que estamos enfrentando, se pone todo dentro de un marco de infracciones graves o gravísimas", dijo la titular de Educación.
"Lo que es peor, bajo este texto se asimila al alumno que lanza la molotov al alumno que falsifica la firma del apoderado. Están pensando los senadores autores y promotores de esta indicación que es igualmente grave esos hechos que lanzar una bomba molotov o rociar con bencina a un profesor, porque quiere decir entonces que aquí no se ha entendido nada de lo que ha sido el debate durante todo este mes", añadió la secretaria de Estado.
La secretaria de Estado criticó que "no se atrevieron a votar en contra del proyecto que combatía la violencia en los colegios y no se atrevieron a legislar en contra de la violencia en los colegios".
"En la indicación presentada por la Nueva Mayoría se ampara a los estudiantes que incurren en esos actos de violencia. Nosotros mañana vamos a renovar la indicación del Ejecutivo en la Sala (del Senado) y esperamos que quienes han dicho durante este mes que condenan los hechos de violencia, se atrevan y lo pongan por escrito en el proyecto de ley", aseveró.
Provoste: "El proyecto del Ejecutivo fue rechazado"
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, la senadora DC, Yasna Provoste, pidió no hablar del proyecto del Ejecutivo "porque ese proyecto fue rechazado".
"Y la sensación que a una le queda es que nunca le importó finalmente al Ejecutivo mirar a las comunidades educativas. Han señalado majaderamente el uso y el porte de bombas molotov, lo que nosotros hemos dicho 'eso es un delito' y, por lo tanto, lo que hizo nuestro proyecto de Aula Democrática y Convivencia Segura es que efectivamente es la propia comunidad educativa la que mira sus reglamentos internos", sentenció.