Su vicepresidente, Jaime Gajardo, sugiere que se considere a toda la comunidad escolar en la confección de una iniciativa de este tipo.
Apoderados consideran que los reglamentos de convivencia ya establecidos pueden lidiar con el problema.
Gajardo también llamó a que un proyecto de este tipo debe respetar el debido proceso.
El Colegio de Profesores rechazó el proyecto de ley de Aula Segura impulsado por el Gobierno, iniciativa que pretende expulsar a los alumnos involucrados en actos violentos o delictuales.
El documento, firmado el pasado jueves por el Presidente Sebastián Piñera, da la facultad a los directores de liceos de expulsar o cancelar la matrícula en un plazo de cinco días a estudiantes responsables de hechos delictuales al interior de sus establecimientos.
El segundo vicepresidente del magisterio, Jaime Gajardo, considera que se trata de una "medida populista" y sugirió que "múltiples actores" debatan para elaborar un proyecto que más tarde se ingrese al Congreso.
"Rechazamos la política del Gobierno, porque es una medida populista y que no se hace cargo de los problemas de fondo. Este proyecto de ley debe estar primero estar debidamente contemplado en los respectivos reglamentos de convivencia que por ley existen, y ser construidos con las comunidades escolares", explicó.
Gajardo agregó que "cualquier ley que se promulgue debe garantizar el debido proceso. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario".
La idea del proyecto surgió después de que varios liceos emblemáticos se vieran afectados, entre ellos el Liceo de Aplicación, por incidentes donde estudiantes se enfrentaron a Carabineros con bombas molotov.
Dentro de los puntos para expulsar a los alumnos, están el porte de armas u elementos destinados a causar daños a los establecimientos o a miembros de la comunidad educativa, como también de agresiones físicas que provoquen lesiones a docentes o asistentes.
Apoderados piden enfrentar el conflicto con reglamentos establecidos
En esta misma línea, Owana Madera, vocera de la Comunidad por Javierinas Dignas, coincidió en que los protocolos de convivencia ya establecidos tienen "suficientes formas de poder enfrentar" el conflicto.
"(La iniciativa) no tiene ningún aporte, creemos que más bien es una forma típica de reacción, de no querer ir al fondo de los problemas. Es un proyecto bastante represor, acotado a una situación muy específica, y la verdad que el conflicto no va por ahí", explicó.
ONG: Se traslada el problema
En tanto, la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, criticó que el proyecto no especifique el destino de los alumnos después de ser expulsados de los liceos y al efectuarse la prohibición de reingresar a estos colegios emblemáticos.
"En Chile tenemos legislaciones que permiten que los directores tomen estas medidas, lo que estas hacen es que te aseguran que exista un debido proceso para los niños. Además, en este caso, se está trasladando el problema", señaló.
Arratia añadió que, si se llega a legislar sobre la propuesta, es posible que los emblemáticos expulsen a los estudiantes en "en los casos que son extremadamente difíciles (...) no compartimos ese principio".
Centro de Alumnos del Instituto Nacional: Es un tremendo espectáculo mediático
El presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional (CAIN), Vicente Salinas, dijo que el proyecto "solo viene a levantar un tremendo espectáculo mediático a fin de decirla la gente que se está trabajando por la educación".
"Lo que realmente debiéramos estar haciendo es que nos proecupa la violencia, es avanzar a una educación no sexista, más humanizada, libertaria y, por sobre todo, inclusiva", agregó.
Parlamentarios divididos
El diputado de la UDI Jaime Bellolio nuevamente defendió el proyecto "Aula segura y rechazó las críticas de la oposición.
"A algunos dirigentes que hemos escuchado tienden a minimizar, a tratar de contextualizar, a tratar de decir que esto no va a funcionar, que de una vez por todas se pongan la mano en el corazón y nos digan de qué lado están: si están del lado de seguir promoviendo, justificando, minimizando los actos de violencia, o si están del lado aquellos que queremos erradicarlos", manifestó.
En la vereda contraria, la diputada de la Izquierda Autónoma Camila Rojas (ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECh) indicó que en el proyecto "no se considera las leyes existentes y tampoco se consideran los proyectos de ley en discusión".
"En el Congreso llevamos varias semanas en la Comisión de Educación discutiendo sobre diferentes tópicos de violencia que precisamente intentan hacerse cargo de los problemas de fondo y son proyectos que son conocidos tanto por los diputados y diputadas de Chile Vamos, como también directamente por parte del Ejecutivo", sostuvo la parlamentaria, integrante del Frente Amplio.
