Advirtieron la "excesiva discrecionalidad" de las decisiones de la Superintendencia de Educación.
Esto genera "inseguridad jurídica en los fiscalizados”, advirtieron.
El presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Jesús Triguero, criticó que se esté "instalando en la ciudadanía" la idea de que son los colegios particulares los que incurren con mayor frecuencia en incumplimientos de sus obligaciones, versión que rechazó.
A través de un comunicado público, Triguero dijo valorar la labor que está realizando la Superintendencia de Educación al sancionar a los establecimientos que no cumplen con los requisitos y quitándoles el reconocimiento oficial, como hizo con 38 colegios a mediados de este mes.
"Estamos absolutamente de acuerdo que se aplique la ley y que dejen de funcionar establecimientos educacionales que, por no cumplir requisitos legales mínimos, no pueden entregar servicios educacionales de buena calidad, defraudando a las familias que les confían la educación de sus hijos", expresó el religioso y rector del Instituto Alonso de Ercilla.
Pese a esto, "se está instalando en la ciudadanía y la opinión pública que la educación particular subvencionada es la que no se ajusta a la ley y que la municipal es la cumplidora, lo que no es efectivo", apuntó.
"Son conocidos los múltiples incumplimientos de requisitos legales mínimos en infraestructura o el no pago de cotizaciones previsionales, incluso de remuneraciones (...) o los incumplimientos de normas para el ejercicio adecuado de la docencia entre los colegios municipales", dijo Triguero.
El dirigente advirtió además que "hay algunas normas que ha establecido la Superintendencia de Educación (...) que están redactados de manera tan amplia que dejan un gran espacio a la discrecionalidad de los fiscalizadores".
"Esta discrecionalidad fácilmente puede derivar en arbitrariedad y afectar el ejercicio de un derecho constitucional como la libertad de enseñanza. Una norma así abre una puerta para posibles falta de criterios y abusos y genera una justificable inseguridad jurídica en los fiscalizados", dijo el miembro de la congregación marista.
