En el inicio de su tramitación, la ministra insistió en que el proyecto de ley de Aula Segura es necesario para enfrentar la violencia.
Jaime Quintana (PPD) cree que se podría hacer un cambio legal y establecer la suspensión "como medida cautelar provisional".
Este miércoles se inició la tramitación del proyecto Aula Segura.
Este miércoles comenzó, en la Comisión de Educación del Senado, la tramitación del proyecto de Aula Segura del Gobierno, que pretende enfrentar los casos de violencia extrema en los establecimientos educacionales con medidas de expulsión express.
La iniciativa llegó a la instancia parlamentaria luego de haber estado por dos semanas en análisis en la Comisión de Constitución, que advirtió problemas de constitucionalidad relacionados con el debido proceso.
En la sesión, la ministra Marcela Cubillos explicó por qué la suspensión del estudiante -como han planteado parlamentarios de oposición como medida previa a la expulsión- no sirve para estos casos.
"Tenemos fallos de recursos de protección en que la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema han señalado que si se le aplica a algún alumno durante proceso de expulsión la suspensión, después no se le puede aplicar la expulsión, porque estaríamos aplicándole dos sanciones por el mismo hecho", explicó Cubillos.
"Cuando se ha dicho en la discusión que ya hoy día el director puede suspender, (la verdad es que) el director no puede suspender mientras dure el proceso, porque después no lo podría expulsar, y no existe en las leyes de educación, hoy día, la suspensión como una medida cautelar, sino sólo como una sanción", añadió la secretaria de Estado.
Quintana pide incluir suspensión como medida provisional
Ante esta explicación, el senador del PPD Jaime Quintana, integrante de la comisión de Educación, propuso cambiar la ley respecto a lo mencionado por la ministra Cubillos.
"Esta ley perfectamente se podría hacer cargo de eso y dejar la suspensión en lugar de la expulsión como una medida cautelar provisional, y eso podría ser desde el día 1, porque es evidente que el victimario con la víctima no es aconsejable que estén juntos", comentó.
"Ministra, no tome mal lo que le voy a decir, pero no descartaría que finalmente termine yendo a la Comisión de Constitución para ya no un tema de debido proceso, sino para pronunciarse en aspectos de fondo, porque lo que hace la Comisión de Educación no es tipificar", complementó el ex timonel PD.
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— SenadoChile (@Senado_Chile) 10 de octubre de 2018
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La ministra Cubillos precisó que los dos días de plazo para que el estudiante presente sus descargos luego de ser notificado del inicio de un proceso de expulsión, y otros cinco días para apelar la eventual expulsión, se deben a que se busca un periodo corto dado que el inculpado estará con prohibición de ingresar a clases, y si ese tiempo se extiende más aún iría en perjuicio del propio alumno.
Además, sobre lo que plantea el texto legal en cuanto a que será deber del director expulsar al estudiante sorprendido en actos de violencia extrema y no solo una facultad, la ministra sostuvo que, eventualmente, el director puede estar amedrentado y si solo tiene la facultad en carácter eventual terminaría no ejerciéndola.
Por su parte, Claudio Alvarado, subsecretario de la Segpres, confirmó que el próximo martes se volverá a poner suma urgencia a la iniciativa, dándole un plazo de dos semanas para su tramitación en el Senado.
