Amarres en la ley y un posible déficit preocupan a Rodrigo Egaña.
El Colegio de Profesores criticó el rol del Ministerio de Educación actual.
El encargado nacional del proceso de desmunicipalización de la educación, Rodrigo Egaña, aseguró que han existido una serie de dificultades en el proceso iniciado en marzo.
Egaña planteó que existen amarres en la ley y un posible déficit de recursos, que ha influido en los cambios en los servicios locales de Puerto Cordillera y Barrancas.
Uno de los casos que preocupa a Egaña es el del municipio de Coquimbo, que decidió subir los sueldos de los asistentes de educación en febrero, un mes antes del traspaso.
Para Egaña, este hecho "impacta de manera importante en la situación financiera del servicio local porque hasta ahora es un pago que se asume como obligatorio".
El encargado espera que "la Contraloría nos defina la legalidad de esa medida. Si la Contraloría señala que es legal se mantendrá el pago a futuro, pero para prever situaciones diferentes es que hay propuesto un artículo complementario a la Ley de Nueva Educación Pública que señale que se van a usar para los traspasos las nóminas de personal y las condiciones de contrato que existan seis meses antes de la fecha del traspaso".
"Una modificación legal que defina en la ley cual es la norma a aplicar, porque eso no quedó explícitamente definido en la ley. Es un tema que está en manos del gabinete, ya el ministro informó que había hablado con el contralor para pedir que resolviera pronto la consulta que se le había hecho y es una indicación que está puesta en la ley miscelánea sobre educación que está en trámite en el Parlamento", añadió Egaña.
Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar criticó que "hay un nivel bajísimo de cumplimiento de los compromisos o nulo, esa es la situación y debo decirlo con toda crudeza".
"Agreguemos a esta grave situación que se ha producido, a nuestro entender por negligencia de varios actores, empezando por los alcaldes, que no cumplieron previamente con lo que tenían que cumplir, siguiendo con las autoridades ministeriales del periodo anterior, que a nuestro entender actuaron con una negligencia enorme en la implementación adecuada de estos primeros servicios locales", planteó.
"También nosotros constatamos un papel ausente o distante de parte del Ministerio de Educación actual", recalcó.
Situación en Coquimbo
En tanto, Graciela Álvarez, dirigenta del profesorado en Coquimbo, consideró que el traspaso se hizo muy rápido y que no se evaluaron bien las consecuencias de este proceso.
"Fue una jugada estratégica por parte del alcalde, porque si hubiese existido su voluntad se hubiera podido haber hecho mucho antes (el aumento de los sueldos de los funcionarios) obviamente asumiendo los costos cuando él era administrador de la educación y sin embargo lo dejó a último minuto para tirar la pelota al nuevo Servicio Local de Educación", dijo la dirigenta.
En tanto, desde el área de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, manifestó que la ley es mejorable, sobre todo la administración que se hace del software con el que se cancelan los sueldos, que durante el primer mes ha generado más de un dolor de cabeza.
"Hay que mejorar seguramente la ley o hacer modificaciones, pero que tengan que ver con esto, porque estamos todos convencidos que la desmunicipalización es el camino, hoy día no podemos retroceder porque esto es algo que aprobaron transversalmente los parlamentarios, el Gobierno anterior se la jugó por esto y tanto alcaldes de derecha como de izquierda y todos los sectores políticos hemos sufrido lo que ha significado la municipalización producto del desfinanciamiento progresivo", sostuvo el jefe comunal.
Se espera que en junio se sumen dos nuevos servicios locales al proceso.
