El Ministerio del Interior interpuso dos querellas por graves incidentes protagonizados por estudiantes en las inmediaciones de establecimientos emblemáticos de Santiago como el Liceo de Aplicación (LDA) y del Internado Barros Arana (INBA), donde incluso se han enfrentado a un cuartel militar.
La primera ofensiva legal apunta a tres alumnos -dos adolescentes de 17 años y un joven de 19, identificado como Matías Barahona- que habrían lanzado "artefactos incendiarios tipo molotov" en la vía pública y quemado un bus durante la mañana del martes pasado, según consignó La Tercera PM.
La detención de los sujetos, detalló la acción, se dio luego de que Carabineros ingresara a LDA, lugar que los estudiantes usaron para esconderse tras el ataque de la micro.
"Un grupo de unos 40 a 50 individuos, todos encapuchados, salen del establecimiento educacional antes indicado por la calle Romero, y luego arrastran un colchón que lo ubican por Avenida Ricardo Cumming, interrumpiendo con ello el tránsito vehicular en dirección al norte", indicó Interior en la querella presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
"Momentos después, los individuos referidos y en la intersección señalada, detienen un bus de la Red Metropolitana de Movilidad (...) para luego proceder a lanzar artefactos incendiarios en la parte frontal e interior del bus indicado, provocando el incendio del bus, que solo pudo ser controlado gracias al auxilio del personal C.O.P. (Control de Orden Público), que con un carro lanza aguas lograron apagar la cabina", expuso el texto.
AGRESIÓN A MILITARES
La segunda querella, en tanto, va dirigida contra "todos quienes resulten responsables" de las lesiones a cuatro militares de la División de Ingenieros del Ejército, vecina del INBA.
"El día 04 de octubre del año 2022, en horas de la mañana, un grupo indeterminado de individuos -encapuchados- salieron de las dependencias del Internado Nacional Barros Arana (...) y ocuparon violentamente las dos pistas de dicha vía, impidiendo el libre tránsito de vehículos y de peatones", sostuvo el documento.
"Luego de ocupar la vía antes indicada", continuó el escrito, "se dirigieron a las dependencias de la División de Ingenieros del Ejército de Chile (...) y arrojaron a dicho inmueble y a funcionarios del Ejército que se encontraban en el lugar piedras y otros elementos contundentes; asimismo, intentaron ingresar al cuartel antes señalado a la fuerza".
"Los hechos descritos (...) se subsumen en el tipo penal de lesiones a miembros de las fuerzas armadas, en grado de desarrollo consumado, previsto y sancionado en el artículo 282 del CJM —en relación con el artículo 281 del mismo cuerpo legal—, respecto de los 04 miembros del Ejército que resultaron lesionados", indicó la querella.
El delito de lesiones a integrantes de las FF.AA. -según se consigna en la acción- cuenta con una sanción de presidio mayor en su grado mínimo (cinco años y un día) a presidio perpetuo, mientras que los desórdenes conllevan castigos de entre 541 días y tres años de reclusión.
"Resulta evidente que los hechos descritos han alterado el orden público y se ha afectado la seguridad pública, en cuanto las conductas desplegadas por los querellados y el resto del grupo de manifestantes alteró la regularidad del funcionamiento del tránsito y del despliegue de la normalidad de las actividades de los vecinos en dicho sector de la comuna de Santiago, cuestión que debe ser amparada para asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos y libertades en el marco de una convivencia pacífica", afirmó el documento.
REUNIÓN EN LA MONEDA
Este jueves los ministros de Interior, Carolina Tohá, y de Educación, Marco Antonio Ávila, encabezaron una reunión en La Moneda que contó con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; la delegada metropolitana, Constanza Martínez; el jefe de la Zona Metropolitana, general Enrique Monrás; y el jefe de la Zona Metropolitana Oeste, el general Carlos González.
En la cita, las autoridades analizaron los diversos incidentes que han ocurrido esta semana en las inmediaciones del Liceo de Aplicación, del Instituto Nacional y del Internado Nacional Barros Arana (INBA). De hecho, en la reunión participaron el rector del Instituto Nacional (IN), Manuel Ogalde, y del INBA, María Alejandra Benavides.
Tras la reunión y en el patio de La Moneda, Monsalve alertó que "la gente ve que esto ocurre reiteradamente desde hace mucho tiempo y pareciera que nadie fuera sancionado por la comisión de estos hechos y estos delitos. Por lo tanto, nuestra tarea es generar mejores condiciones para la brecha que hay en materia de generar evidencia, desde el punto de vista de la calidad que se requiere para transformarlo en una prueba que sea útil en un proceso judicial".
Mientras, el titular de Educación manifestó la intención del Gobierno de lanzar un programa de "Apoyo a los Liceos Históricos", con el fin de "trabajar en las distintas regiones del país con aquellos establecimientos que tienen circunstancias muy parecidas a estos liceos emblemáticos".
DIRECTORA DEL INBA: "ES UN TEMA NACIONAL"
Ante la gravedad de los disturbios en el INBA, su directora apuntó en La Moneda que "hace más de 10 años que estamos viendo esto. Esto no es nuevo y acotarlo al INBA creo que en realidad no corresponde; es un tema nacional".
"Nosotros tenemos un RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar) que aplicamos como corresponde, lo dijo el ministro de Educación, y hemos sido claros en que nuestro RICE es la herramienta que tenemos para superar internamente los problemas de violencia", aseguró Benavides.
En este contexto, la alcaldesa Hassler puntualizó que "se ha aplicado en el INBA el Reglamento Interno de Convivencia contra distintos jóvenes, varios de ellos quienes están fuera de las comunidades educativas a propósito de los procesos de expulsión. Asimismo, se han generado estos procesos en otros establecimientos históricos que han tenido hechos de violencia tremendamente graves".
