El magistrado Daniel Urrutia acusó "un encubrimiento" por parte de la institución en este caso.
El subinspector Flavio Torres Pulgar fue formalizado por apremios ilegítimos y delito informático.
Investigación quedó con 120 días de plazo, según lo determinado por el Tribunal.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la máxima cautelar de prisión preventiva contra el subinspector de Policía de Investigaciones, Flavio Torres Pulgar, como presunto autor de torturas a un estudiante de 17 años perteneciente al cuarto medio del Liceo Manuel Barros Borgoño, mientras se desarrollaba la protesta en el centro de Santiago.
Los hechos se registraron en mayo de este 2013, cuando el joven C.R. -ahora de 18 años- denunció que fue subido a un vehículo policial, donde fue trasladado por distintos puntos de la capital. Se le exigió su clave de acceso al Facebook y recibió, además, golpes y apremios por su rol activo en la movilización estudiantil de esa jornada.
Fueron los mismos Tribunales los que ordenaron a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indagar estos sucesos, que terminaron con el detective de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente con cargos en su contra por apremios ilegítimos y delito informático.
Aunque el Ministerio Público no había pedido la prisión preventiva, sí lo hizo el querellante por la familia, Rodrigo Román, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo que fue acogido por el magistrado Daniel Urrutia.
"Y el delito de tortura es un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y por lo tanto es uno de los más graves de nuestra legislación, cometido por o eventualmente cometido por un agente del Estado, lo que le atribuye una mayor dañosidad social", dijo el juez.
El magistrado acusó que "la misma institución está produciendo, evidentemente, un encubrimiento en relación a no dar los nombres de aquellos que participaron".
"¿Cual es el arbitrio de la Policía de Investigaciones de Chile que se permite al Ministerio Público no entregarle los datos de personas que participaron eventualmente en delitos? Eso es gravísimo", recalcó el juez Urrutia.
Mientras que C.R. dijo tener "cierta incredulidad y ciertas dudas respecto a cómo pueda seguir evolucionando el proceso, pero por lo menos ésta es una señal buena que pueda traducirse en una investigación que pudiera determinar la formalización de los otros sujetos que participaron de este delito".
La fiscal Ximena Chong señaló que se siguen indagando a esos otros funcionarios policiales en una investigación que quedó con 120 días de plazo, según lo determinado por el Tribunal.
"De acuerdo con los antecedentes recopilados en la investigación no son las únicas personas que habrían participado, sin perjuicio de ello las diligencias de investigación todavía se encuentran en curso a efectos de determinar la identidad de los restantes participantes", dijo la funcionaria del Ministerio Público.
"Lo que ha existido es que la PDI se ha resguardado en una disposición de la ley de inteligencia nacional a efecto de resguardar los nombres y los estamos solicitando a través del Ministerio del Interior", añadió.
