Jorge Contesse instó a derogar el Decreto Supremo 1086 para regular el derecho a manifestarse.
Informe Anual de Derechos Humanos criticó el "abuso policial" en las movilizaciones.
El experto en derechos humanos Jorge Contesse, de la Facultad de Derecho de la UDP, enfatizó que el Estado es el único responsable de los desórdenes en las marchas, por lo que no corresponder que den esa responsabilidad a los convocantes.
"El derecho a manifestarse está contemplado en la Constitución y en los tratados internacionales que obligan a Chile. Cuando algunos líderes políticos intentan hacer responsables de los desórdenes que se producen producto de las manifestaciones en los convocantes, infringen los tratados que se han obligado a respetar", sostuvo Contesse.
El experto enfatizó que "es el Estado el que controla la fuerza pública para resguardar el orden público. El Estado, es por lo tanto, el responsable de asegurar que todos los ciudadanos podamos transitar libremente y que el hecho de una manifestación social no signifique actos de violencia como hemos conocido el 2011 y que han implicado incluso la muerte de una persona a manos de un carabinero".
Contesse recomendó derogar el Decreto Supremo 1086 que data de 1983 y que regula el derecho a manifestarse.
El académico sostuvo que "la regulación del derecho a manifestarse proviene de un contexto social muy diferente, es un decreto -no debiendo ser un decreto, debería ser una ley- que emana de una junta militar en un periodo de dictadura que intenta acallar voces disidentes".
"Esa es la herramienta legal que se utiliza hoy día frente a las movilizaciones legítimas que tienen estudiantes, pueblos indígenas y otros grupos socialmente organizados en Chile, ahí es donde radica el problema", añadió.
Informe Anual de Derechos Humanos
El Informe Anual de Derechos Humanos 2011, elaborado por la Universidad Diego Portales y presentado por Contesse, criticó el "abuso policial" en las movilizaciones.
"La protesta social y el abuso policial figuran como dos fenómenos contrastantes de una misma realidad que se consolidan como una tendencia de la sociedad chilena", sostiene el texto.
El documento enfatiza que "las violaciones de derechos provocadas por funcionarios de Carabineros que se han mostrado en otros años, como los asesinatos por la espalda de jóvenes mapuche en la Araucanía, tomaron la forma de funcionarios presionados por mantener el orden público sin aparente contención política a los límites de su actuación".
"A las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados, los carros lanza aguas disolviendo marchas pacíficas en lugares residenciales, y los jóvenes denunciando fuertes golpizas y maltrato, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo 'inteligencia' como infiltrados en marchas estudiantiles, funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen, y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta", recalca.
Revise el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP
