El hecho afectó a una joven de 15 años en la 36ª Comisaría de La Florida.
La víctima fue forzada a "bajarse los calzones a la altura de las rodillas y hacer sentadillas".
El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella en contra de quienes resulten responsables del presunto delito de apremios ilegítimos o tortura llevados a cabo por personal de Carabineros de la 36a Comisaría de La Florida en contra una estudiante de 15 años e iniciales F.I.J.C., detenida en el marco de una manifestación estudiantil realizada el pasado 23 de agosto.
Según informó el órgano, el escrito busca que la Justicia determine la responsabilidad de los involucrados "en calidad de autores, cómplices o encubridores" de los ilícitos denunciados.
Los hechos se produjeron en el marco de una marcha convocada por la ACES y que se dirigía hacia la sede municipal de La Florida. Al llegar al lugar comenzaron incidentes en el marco de los cuales un funcionario de Carabineros la empujó contra la reja del frontis municipal. "El mismo carabinero la toma del cuello, ahorcándola; la menor le pidió al funcionario que la soltara, quien le responde: 'Cállate pendeja culiá', entre otros insultos. Momentos más tarde la menor fue esposada junto a otro joven, y llevada a un retén móvil", relata la querella.
Luego fue trasladada a la 36a Comisaría, "una funcionaria de Carabineros, que no pudo identificar, la condujo a una habitación. En ese lugar, le ordenó primero sacarse la ropa; en segundo lugar, levantarse los sostenes y bajarse los calzones a la altura de las rodillas; y, finalmente, le ordenó hacer tres sentadillas (flexión de piernas con las manos detrás de la nuca) y volver a vestirse".
El escrito presentado por el INDH plantea que "la aplicación de tormentos o tortura, además de constituir un delito en Chile, constituye una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales vigentes en Chile".
"Es posible considerar que la finalidad de los desnudamientos reiterados en el marco de una inspección personal, poseen claros elementos intimidatorios y punitivos hacia los y las manifestantes privados(as) de libertad, además de ser un antecedente para disuadir a otras personas manifestantes de participar de movilizaciones sociales", advierte el INDH.
La acción judicial advierte finalmente que "los Estados, sobre la violencia de género, y considerando la vulnerabilidad arraigada en algunas sociedades, tienen un deber reforzado de establecer un marco normativo efectivo de protección, de impulsar estrategias de prevención integrales, de condenar a los responsables de violencia, y sobre todo, de que los mismos agentes estatales no actúen de manera discriminatoria".
