Indicó que las demandas de los estudiantes corresponden a una "sociedad más exigente".
Recalcó que las movilizaciones no son parte de la "conflictividad que existe en el mundo global".
Pablo Longueira, ministro de Economía, dijo que el movimiento estudiantil, que desde hace cinco meses reclama una educación pública gratuita y de calidad, es consecuencia del avance "positivo" del país y una sociedad "más exigente" que solicita mejoras en el sistema de becas y crédito.
En 
una entrevista con EFE en Madrid, en la que este viernes animó a los empresarios españoles a invertir en su país, Longueira explicó que los reclamos de los estudiantes chilenos hay que entenderlos de esa manera "y no como parte de la conflictividad que existe en el mundo global".
"Hoy en Chile tenemos 1.200.000 jóvenes en la educación superior, cuando en mi generación, hace sólo 30 años, había 120.000. Y un dato importante es que, de cada diez jóvenes que acceden a ella, siete son los primeros de sus grupos familiares", indicó.
Añadió que "si Chile quiere seguir avanzando en el desarrollo tiene que entender este fenómeno como algo natural, como el reclamo de una clase media que nos exige que haya una buena educación, buena calidad, y buen sistema de becas y créditos".
Longueira señaló que son esas demandas las que han llevado al Gobierno del país a plantearse la necesidad de emprender una reforma tributaria destinada a financiar una reforma educativa.
"Nos han llevado a la discusión de si necesitamos más impuestos o si tenemos suficiente con lo que contamos hoy", dijo.
En cualquier caso, puntualizó que lo primero es "discutir cuántos recursos necesitamos, para qué los necesitamos y que reforma educacional queremos hacer".
"En Chile, como en Latinoamérica en general, la mayor desigualdad nace desde la cuna, y por eso no sólo hay que invertir en la educación superior, sino también en la preescolar", remarcó.
Frente a la "conflictividad social" que "de alguna manera llama la atención" fuera de las fronteras chilenas, Longueira presentó en España un país que ofrece al inversor "estabilidad, certeza jurídica y respeto al Estado de Derecho".
