En la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se desarrolló una sesión especial para revisar la aplicación de la ley de Inclusión, con la cual se eliminará paulatinamente el copago y erradicará el lucro y la selección en la educación escolar.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, entregó algunas cifras, entre las que destacan que a la fecha existen 3.831 establecimientos particulares subvencionados gratuitos, de los cuales un 16 por ciento iniciaron el proceso para convertirse en "sin fines de lucro".
Delpiano admitió además problemas menores en su implementación, que corresponden a red de colegios con altos copagos o colegios con muchos alumnos que quisieron pasarse a particulares pagados.
Según la ley, los colegios subvencionados deben transformarse en fundaciones "sin fines de lucro" si quieren seguir recibiendo aportes del Estado y para ello tienen plazo hasta diciembre del próximo año.
A partir de ahí, cuentan con tres años en que podrán seguir arrendando y luego deberán comprar el terreno donde funciona el colegio.
Desde la oposición aseguraron que en algunos casos los porcentajes no alcanzarán para cubrir el valor comercial de los inmuebles.
Según el diputado de RN, José Manuel Edwards, el 30 por ciento de los sostenedores no podrá comprar el terreno donde está actualmente funcionando su colegio, "porque los precios de los inmuebles estarán fuera del rango de lo que permite pagar la ley de Inclusión", consignó La Tercera.
La ley establece que podrán adquirir el inmueble mediante un préstamo bancario con garantía de Corfo y que podrán usar el 25 por ciento de la subvención para pagar el dividendo, pero aseguraron que en muchos casos eso no será suficiente.
Desde la Nueva Mayoría pidieron que se entreguen casos específicos, como lo explicó el diputado de la DC, Mario Venegas.
"Casos concretos que puedan demostrar la tesis que plantean, porque desde la autoridad sostienen que hechos los cálculos por economistas efectivamente no debieran darse esas situaciones, salvo en una condición que ya no es responsabilidad del Ministerio, esto es, que tenga una infraestructura muy grande, muy bien ubicada y un escaso número de alumnos, porque como está en relación al número de alumnos el valor que se paga por la infraestructura, ahí en esa circunstancia que es excepcional, pudiera darse", dijo Venegas.
En tanto, otras cifras del Mineduc señalan que 1.500 establecimientos aún no se adscriben a la gratuidad, mientras que no más de 100 sostenedores solicitaron convertirse en particulares pagados.
