La iniciativa, que aumenta el beneficio al 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables, todavía está en su primer trámite constitucional.
Luego de que la oposición rechazara la gradualidad, la ministra Marcela Cubillos insistió en que el texto "tiene un problema de constitucionalidad".
Parlamentarios de oposición pidieron al Gobierno de Sebastián Piñera que se dé prioridad al proyecto de ley que busca aumentar la gratuidad al 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables de Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) luego de un año y cuatro meses de tramitación.
Si bien la medida fue comprometida en el programa del Ejecutivo y fue reiterado en la Cuenta Pública Presidencial para que quedara lista para su implementación en 2019, a cuatro meses de que se acabe el año, la iniciativa todavía está en su primer trámite constitucional.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), espera que el proyecto pueda avanzar con mayor rapidez y que el Presidente Piñera cumpla con su promesa de campaña de aumentar la gratuidad.
"Pareciera ser que el Gobierno no quiere extender este beneficio a partir del próximo año y que no exista esta discriminación arbitraria entre instituciones. Esperemos que se pueda votar pronto en el Senado y, luego, seguir su tramitación en la Cámara de Diputados para que esté disponible el próximo año", señaló el senador frenteamplista.
"Hacemos un llamado al Presidente Piñera a que le ponga suma urgencia (al proyecto)", declaró, por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC).
Luego de ser despachado por las comisiones de Educación y de Hacienda, el proyecto quedó en condiciones de ser votado en el Senado, donde el oficialismo buscará reponer la indicación ingresada por el Ejecutivo y que establecía una gradualidad de tres años para incorporar a los estudiantes que cursan carreras técnicas en universidades, lo fue considerado como una discriminación arbitraria por parte de la oposición ya que ambos grupos están bajo la misma condición socioeconómica.
En esa línea, Provoste aseguró que el texto del Ejecutivo "mañosamente lo que hacia era postergar el inicio en tres años más para estudiantes de CFT estatales o carreras técnicas de universidades".
Ministra de Educación insiste en "inconstitucionalidad" del proyecto
En tanto, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, insistió que luego de que la oposición rechazara la gradualidad, la iniciativa "tiene un problema de constitucionalidad".
"Durante la tramitación también incorporamos a las carreras técnicas de las universidades con una gradualidad de incorporación. Se rechazó por parte de la oposición de la gradualidad, por lo tanto, se altera el financiamiento de ese proyecto, para lo cual no existen atribuciones porque es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto, hoy día tiene un problema de constitucionalidad", apuntó la secretaria de Estado.
"Por lo tanto, a responsabilidad para que este proyecto salga es que se vuelva al espíritu del proyecto original", enfatizó Cubillos.
En paralelo, todavía no hay certezas si el año 2020 habrá solución por el desmededro económico que implica a las universidades no cobrar el arancel completo a los estudiantes que pierden la gratuidad.
