Más de doce mil estudiantes de la región de Magallanes no han podido iniciar el año escolar con normalidad debido al paro de profesores del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).
Esta movilización, que inició el 5 de marzo, se da por la exigencia de mejoras salariales luego del traspaso de los colegios desde la municipalidad de Punta Arenas al Servicio Local de Educación Pública a inicios del año pasado. En esa instancia, los profesores no negociaron mejoras, como sí lo hicieron los asistentes de la educación antes del traspaso, por lo que denuncian una diferencia de sueldo injusta.
"Esta paralización nace de las nulas respuestas de parte del gobierno desde el 2024, donde nosotros estuvimos haciendo gestión. El sueldo es lo mismo para todo Chile, pero vivir en Magallanes es totalmente diferente que en otras regiones, las condiciones son muy distintas: el transporte es más caro, la comida es mucho más cara, vivienda es mucho más cara que el resto del país", analizó la presidenta regional del Magisterio, Alicia Aguilante.
Debido esto, afirmó que han estado "peleando siempre nuestras remuneraciones salariales y no hemos sido escuchados. Se hicieron estas negociaciones con otros estamentos, estamentos que trabajan con los profesores, donde sí ellos pudieron mejorar su situación salarial, no así los profesores".
La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, de visita en la región para tratar este problema, aseguró que no hay recursos para poder llevar a cabo la petición de los profesores, además de lamentar que hayan rechazado las propuestas hechas por el Ministerio de Educación.
"Planteamos una serie de líneas de trabajo en cinco dimensiones que consideran tanto intervenciones en bienestar docente, en formación, en desarrollo profesional, también temas de infraestructura y la instalación de una mesa para analizar y diagnosticar en profundidad los requerimientos de mejoras salariales", comentó la subsecretaria.
Sin embargo, señaló que la propuesta no fue aceptada: "Abrimos también la posibilidad de flexibilizar algunas de las formas de funcionamiento de esta mesa (de trabajo). Lamentablemente, esta propuesta, que es una propuesta robusta, evaluada en alrededor de 1.900 millones de pesos, no ha sido aceptada por los gremios quienes quieren exclusivamente el aumento salarial".
Además, dijo que "nosotros hemos planteado como gobierno la imposibilidad de hacer aumento del sueldo".
El día de ayer, a propósito de la visita del Presidente Gabriel Boric a la región, decenas de apoderados y estudiantes acompañados por la Fundación Escuelas Abiertas marcharon por la ciudad de Punta Arenas exigiendo el inicio del año escolar.
Docentes también protestaron frente a la casa de la familia del Presidente y también afuera del hotel donde el mandatario tuvo una reunión el lunes.
Son cerca de 1.500 los profesores que se encuentran movilizados y que por ahora no dan luces de cuánto tiempo este paro podría extenderse. Para los apoderados, esta situación resulta indignante, por lo que han anunciado posibles acciones legales contra quienes resulten responsables por la vulneración de derechos.
"Los apoderados nos vamos a organizar para poner una demanda"
Una de las voceras de los apoderados de los colegios en paro, Daniela Geraldo, criticó que "lo que piden los profesores es nefasto. Para ellos, las alzas de sueldo son negociadas como escudo con los niños".
"A ellos les han pagado su sueldo, les han entregado sus bonos. No es que no le paguen, no es que no tengan sus bonos. Lo que pasa acá, netamente, es que el profesorado quiere igualar el bono de los asistentes de la educación, que tuvieron mejores negociaciones", aseguró Geraldo.
La apoderada también agregó que "en esta semana, si no tenemos respuestas a las blancas votadas, los apoderados nos vamos a organizar para poner una demanda por vulneración de derechos o lo que sea más recomendable ni para quienes resulten responsables, deben ser los profesores".
María Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, luego de una reunión a propósito del tema realizada durante esta jornada, explicó que "lo solicitado a la subsecretaria Arratia es que se ejecuten sanciones a los profesores que no están ejerciendo su labor dentro de las salas de clase".
También añadió que "en segundo lugar, le pedimos que de manera urgente se revise esta implementación de traspasos de la educación municipal hacia los SLEP, para que no vuelva a suceder que los profesores utilizan a los niños como moneda a cambio para lograr sus propias demandas, que pueden ser legítimas, pero que no es la manera".
Y en tercer lugar, dijo que "se instale una reforma constitucional que declare la educación como un servicio esencial y que de esta manera el Estado garantice la continuidad del servicio educativo".
