La Presidenta Michelle Bachelet le quitó hoy el piso a la indicación que planteaba penalizar cárcel con lucro, ante la eventualidad de que ésta -tras ser rechazada en la Cámara- se reponga en el Senado dentro del proyecto que elimina el lucro, el copago y la selección en recintos educacionales.
"Eso no está dentro del proyecto del Gobierno y no está dentro de lo que nosotros estimamos. Entiendo que eso no quedó en el proyecto que pasó al Senado", dijo Bachelet en el programa "Bienvenidos" de Canal 13.
Ante la iniciativa de algunos parlamentarios de reimpulsar dicha indicación, la Jefa de Estado insistió en que "no está dentro de lo que el Gobierno ha planteado para la reforma educacional".
"Sin duda, más allá de lo que algunos parlamentarios puedan plantear, será en la discusión del Senado donde se verá, pero no está dentro de nuestro programa", remarcó.
Esta declaración de la Mandataria se da luego de conocerse versiones de prensa que señalan que durante septiembre hubo contactos y un supuesto "compromiso" del Gobierno para respaldar la pena de cárcel para el lucro, iniciativa que se incluyó en el proyecto del Mineduc en la Comisión de Educación de la Cámara Baja a instancias de la llamada "bancada estudiantil".
Ad portas de la votación en la Sala de la Cámara el Gobierno dio "libertad de acción" a los parlamentarios oficialistas en dicho punto y, tras la abstención de varios diputados de la Nueva Mayoría, la propuesta finalmente se cayó, lo que generó una disputa entre el Partido Comunista y la DC.
"Nadie de nosotros estaba informado ni sabíamos que existía un acuerdo de algunos parlamentarios con el Ministerio con el propósito de llevar adelante la indicación que sancionaba con cárcel a quienes lucraban (...) Se cometió un error que no hay que repetir", dijo a este respecto el presidente de la Cámara, el DC Aldo Cornejo.
La versión del Mineduc
El secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma, se refirió en El Primer Café de Cooperativa a este tema y la supuesta minuta, asegurando explícitamente que "protocolo no hay".
"Sí hubo un trabajo entre el Gobierno y los parlamentarios de la Comisión de Educación de la Nueva Mayoría más Giorgio Jackson -que no es de la Nueva Mayoría- en ese proceso".
"Se discutieron un sinnúmero de indicaciones que ellos habían presentado y una de las que habían presentado se relacionaba con el tema de la sanción a quienes desviaran recursos de los proyectos educativos hacia fines particulares. El Gobierno considera que sí debe ser sancionado cuando alguien desvía recursos de los proyectos educativos para fines particulares", explicó Palma.
"El texto final que se presentó por parte de los parlamentarios y que fue corregido por técnicos del Gobierno, establece que los que desvían recursos de los fines educativos para objetivos particulares debes restituirlos y pagar una multa. Si no los restituyen pueden ser sancionados hasta con una sanción penal, pero en el caso que no restituyan los recursos o de reincidencia. Entonces, esto de la cárcel en la indicación es un poco mítica".
Andrés Palma confirmó que "técnicos del Gobierno" corrigieron la indicación que proponía cárcel para el lucro. (Foto: UPI)
"Ningún colegio debiera cerrar"
El ex ministro también salió al paso de las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de la DC, Jorge Correa Sutil, quien ayer pidió en Cooperativa "sincerar el debate" y admitir que el proyecto que elimina el lucro, la selección y el copago provocará "cierre de colegios".
"Uno no puede hacer una estimación sobre eventualidades. De acuerdo a la reforma, ningún colegio debiera cerrar. Los únicos que se pueden ver afectados por el proyecto de ley que está en trámite ahora en el Senado son aquellos que dicen 'yo quiero mantener mi afán de lucro', porque el único cambio real que hay a los establecimientos es que se sabe que no pueden seguir retirando platas del sistema educacional", comentó.
"Si alguien dice que quiere continuar retirando platas del sistema educacional, que está en su derecho, entonces puede decir que se pasa a otro sistema, que es el sistema particular pagado y no cierra, o cierra para usar el terreno o edificio para otras cosas", indicó.
Por otro lado, "si alguien quiere cerrar el establecimiento tiene que seguir todo un proceso en el Mineduc que tarda varios años o al menos un año, y la transición del proyecto dura cinco años. Por lo tanto, si alguien dice que quiere continuar lucrando, el Mineduc en el mismo proyecto y otro que es el de administrador provisional va a tener las herramientas para atender a los niños que queden en situación vulnerable", aseveró.