Comisión de Hacienda de la Cámara despachó en dos horas el proyecto de interventor

Un expedito paso por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tuvo el proyecto de ley que crea la figura del Administrador Provisional y faculta el cierre de instituciones de educación superior en crisis.

Tras su aprobación, el martes, en la Comisión de Educación, el primer proyecto de este ámbito enviado al Congreso por el Gobierno de Michelle Bachelet fue visado la tarde de ayer en Hacienda por nueve votos a favor (ocho diputados de la Nueva Mayoría más el RN Diego Paulsen) y cuatro abstenciones, todas provenientes de la UDI. 

La sesión contó con la presencia del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien agradeció el rápido trabajo de los parlamentarios de las comisiones de Educación y Hacienda (conducidas por los DC Mario Venegas y Pablo Lorenzini). En ninguna de ellas hubo votos de rechazo, lo que el ministro valoró como una "buena señal".

"No hemos tenido voto de rechazo. Yo creo que eso es una buena forma de avanzar. Esto era un proyecto polémico, no obstante, se entendió bien que el único interés que teníamos nosotros -el Gobierno- es proteger los derechos de los estudiantes", dijo Eyzaguirre.

"Creo que esto es una buena noticia y una gran señal de tranquilidad para decenas de miles de estudiantes que hoy día pueden estar sintiendo inseguridad respecto de la continuidad de sus estudios", añadió el secretario de Estado.

El diputado Lorenzini destacó el trabajo efectuado, e indicó que la Sala de la Cámara de Diputados analizará este proyecto el próximo martes 20, un día antes de la cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet ante el Congreso.

"El próximo martes lo veremos en la Sala a efectos de cumplir con la Presidenta antes del 21 de mayo, y que esto camine hacia el Senado", dijo Lorenzini.

"Creo que es un avance, es indicativo de la forma en que vamos a trabajar las reformas educacionales en la Comisión de Educación y la Comisión de Hacienda", señaló el presidente de esta última instancia.

El diputado socialista Manuel Monsalve resaltó que el proyecto de interventor permitirá evitar casos como el de la Universidad del Mar.

"Frente a situaciones de crisis económica, académica o administrativa de las instituciones, el Estado chileno va a poder garantizar a los estudiantes la continuidad de sus estudios, eso es muy importante en el marco de garantizar el derecho a la educación", planteó.

Desde la UDI, si bien reconocen la necesidad de abordar los cambios en el sistema, critican la celeridad que se le impuso al debate, restando opciones para la discusión de modificaciones y definición de organismos intermedios.

"Nuevamente acá hay un fast track para tratar de sacar las cosas lo antes posible", alegó el diputado UDI Felipe De Mussy.

"En menos de dos horas la Comisión de Hacienda terminó aprobando no por unanimidad este proyecto. Nosotros presentamos ciertas indicaciones que creemos que podrían haber mejorado el proyecto y que desgraciadamente no lo hicieron". Debido a esto, "no va a salir un proyecto tan bueno como podría haber sido", dijo De Mussy.

El legislador gremialista también criticó la "discrecionalidad a favor del Estado, del Gobierno de turno, para poder elegir a las personas que van a intervenir (los planteles). Nosotros creemos que eso no es correcto ", afirmó.

Cómo funciona

En la sesión de ayer el ministro Nicolás Eyzaguirre explicó a los diputados los detalles del proyecto, incluyendo cómo operará la revisión de los contratos y los recursos estatales involucrados.

Respecto del primer punto, "reconoció que la regla habitual es que los contratos se resuelvan entre privados, pero recordó que cuando hay derechos ciudadanos envueltos y está en juego la fe pública, el Estado debe hacerse responsable de las eventuales consecuencias de la interrupción de los servicios entregados por los prestadores. En este plano, acotó, se explica la participación de un administrador provisional, figura ya vigente para las Isapres, AFPs y bancos, que posee esta facultad de revisar contratos firmados por la entidad intervenida", detalló la Cámara Baja en su sitio web.

Eyzaguirre recordó que el Código Civil permite revocar contratos cuando sean "maliciosos", calificación que debe ser sancionada por un juez de la República.

"Hay posibilidad de revocar contratos vigentes que hayan sido celebrados con anterioridad, si y solo si, se prueba judicialmente que es un contrato malicioso", remarcó.

En cuanto a la forma en que operará el nombramiento de un administrador provisional, informó que, tras evaluar en su mérito una determinada denuncia, la División de Educación Superior del Ministerio podrá proceder a una investigación del establecimiento, debiéndose notificar sobre el respecto al investigado (hoy no es obligatorio este requisito).

Luego, se abre una opción para los descargos del afectado que, de desestimarse, podrá impulsar una de las siguientes opciones: sobreseer el caso; dar un plazo de 120 días para que la institución supere los problemas detectados; o promover una presentación ante el Consejo Nacional de Educación (CNE) para solicitar la designación de un administrador provisional o de cierre.

Precisó que, tras un acuerdo alcanzado con los diputados de la Comisión de Educación, se definió que el CNE deberá aprobar la designación de un administrador provisional con el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese efecto.

Además, se posibilitó que esta instancia, antes de dar su aprobación a la medida, efectúe audiencias donde el imputado justifique sus actos.

Finalmente, en materia de recursos, el ministro y el subsecretario Micco aclararon que el costo de implementar un administrador será de cargo de la institución intervenida y sostuvieron que sólo se utilizarán recursos fiscales para garantizar la continuidad de estudios de los alumnos, una vez que se haya verificado este costo excede a los recursos vigentes del establecimiento.