Con una polémica jornada de discusión comenzó este miércoles, en la sala de la Cámara de Diputados, el debate del proyecto que pone fin a la selección, el copago y el lucro en la educación.
Durante la discusión, la diputada de la UDI, María José Hoffmann, expuso que "esta reforma discrimina, porque permite que algunos puedan recibir ese beneficio a través de las dos nuevas subvenciones, termina con la diversidad de los proyectos educativos".
"Si un sostenedor que implementa en su colegio un proyecto diverso y distinto, si no está dentro de los fines educativos, no podrá seguir con ese proyecto y será criminalizado", añadió la parlamentaria gremialista.
Como respuesta, su par del Partido Comunista, Camila Vallejo, argumentó que "cómo es posible que por proteger un proyecto educativo, justifiquemos la discriminación por pensar distinto, dónde está la libertad de elección que ellos dicen defender, la libertad de los padres de elegir".
"Más bien ha sido la libertad de discriminar y emprender negocios a costa de la educación de nuestros niños y niñas", agregó la ex dirigenta estudiantil.
Políticos de derecha "marchan por el lucro"
El independiente, ex RN, Gaspar Rivas, fue quien se robó los mayores aplausos al decir que "los políticos de la derecha marchan porque creen estructuralmente en el lucro, no marchan por proteger a los apoderados, los utilizan porque creen ideológicamente en el lucro y eso yo lo sé, porque viví cuatro años junto con ellos".
"Por el otro lado, los dueños de los colegios y sostenedores marchan por el órgano más sensible que tiene el ser humano, que es la billetera, más que el corazón, más que los pulmones o más que el cerebro", añadió el parlamenario.
Rivas concluyó su alocución señalando que "la misma gente que marcha con los parlamentarios de derecha, cuando vean que se reencantan con la educación pública van a decir 'no los acompaño más en sus marchas ideológicas, porque la educación pública en este país pasó a ser buena'".
En tanto, una diligente comisión mixta aprobó el artículo rechazado por la Cámara de Diputados en el proyecto de administrador provisional para planteles de educación superior en crisis y que da garantías a los establecimientos para apelar ante la Corte cuando se les designe un interventor, por lo que ya podría transformarse en ley.