El proyecto de Nueva Educación Pública, conocido también como de desmunicipalización, está listo para ser votado el próximo 5 de septiembre en la Sala del Senado tras ser aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
Posteriormente debería ser ratificado por la Cámara de Diputados, un paso que no será fácil pues diputados de la Nueva Mayoría advirtieron que llegarán a comisión mixta.
El conflicto es por una indicación que surgió en la Comisión de Educación del Senado y que ayer jueves fue ratificada por la instancia de Hacienda, la cual dice que para el primer periodo de la ley de Nueva Educación Pública se instalarán 11 servicios locales de educación a cargo de administrar la educación en ciertas comunas.
Mientras que los otros 59 servicios estarán sujetos a una evaluación en el 2021 y, por decisión de quien sea en ese momento Presidente de la República, algunas comunas podrían postergar su paso a la desmunicipalización.
La diputada comunista Camila Vallejo cuestionó esto, señalando que "esta indicación que se introduce entre gallos y medianoche y que lamentablemente fue bajo acuerdo totalmente con Chile Vamos, es una modificación que atenta contra el espíritu y la idea principal de la reforma en materia de desmunicipalización".
"Te señalan que o el Presidente o Presidenta de la República, por decreto, pueda abrir un nuevo plazo al que ya está establecido en la ley para el proceso de desmunicipalización. Me parece que es un contrasentido", aseveró.
En específico, como está el proyecto ahora, entre 2018 y 2021 se van a instalar 11 servicios locales de educación que van a atender a un número determinado de comunas, quedando otros 59 pendientes y, para eso, habrá una comisión de expertos que evaluará el proceso en el 2021.
Con eso, quien sea Presidente va a poder decidir cómo continuar con este proceso de desmunicipalización e, incluso, los municipios que tengan buenos resultados de la gestión educacional podrán posponerla.
Mineduc se defiende
Desde el Ministerio de Educación se defendieron, señalando que postergación del proceso no será por un plazo indefinido y que tiene que ser debidamente justificado.
La ministra Adriana Delpiano indicó que esta decisión permite viabilizar el proyecto, sosteniendo ante las críticas que "no saben de qué se trata el acuerdo. Tenemos que conversar con ellos, porque están en la idea de que se llegó a un acuerdo".
"Al revés, viabilizó la posibilidad de partir con más servicios locales y de poder realmente no tener problemas con el Tribunal Constitucional", agregó.
En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo que "es evidente que para llegar a un acuerdo con ellos lo que se ha efectuado por parte del Ministerio de Educación es un acomodo al proyecto original, que incluso le deja aún más cuestionable".
"Lo que han hecho es exigirles que el modelo educacional de mercado en la gestión de la educación pública se mantenga igual y no es casual que la derecha esté muy feliz el proyecto de ley. Significa que ustedes decidieron volver a la cocina y decidieron darle la espalda al movimiento social", criticó.
Desvinculaciones
Ante el despido de cerca de 4.000 funcionarios municipales, desde el Mineduc explicaron que habrá desvinculación paulatina por la misma en que se implementa la ley, que será por varios años.
Según el proyecto, la indemnización de estos despidos correrá a cuenta del Estado y no de los municipios.
La senadora UDI Ena Von Baer planteó sus dudas frente al real costo de esta política, manifestando que "la verdad es que no ha habido una respuesta del Ejecutivo que se haga cargo más allá de que por lo menos ahora se va a pagar el tema de la desvinculación, lo va a pagar el Gobierno central".
"Aquí hay un tema respecto a cuánto finalmente la aplicación de esta política pública va a costar en el régimen, no está muy claro", añadió.
En tanto, Mauro Tamayo (IC), alcalde de Cerro Navia, una de las primeras comunas que implementará la desmunicipalización en 2018, desdramatizó estas desvinculaciones, apuntando que las corporaciones municipales no solo se dedican a la administración de la educación.
"A nuestro juicio, no es una amenaza para nada. No obstante lo anterior, vamos a tomar todas las precauciones para garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores", indicó.
