La Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, firmarán el próximo lunes un proyecto que creará la figura de administrador provisional del Estado para intervenir en universidades y colegios en los que existan situaciones que puedan arriesgar la continuidad de sus alumnos.
Como informó El Mercurio, la medida busca entregar al Estado la posibilidad de intervenir antes de decretar el cierre de la institución.
En el proyecto se establece que el administrador tendrá dos años para trabajar en la institución y crear un plan de acción que busque corregir los problemas, ya sean académicos, administrativos o económicos.
La decisión se debe a que la Comisión Nacional de Acreditación ha recibido 63 reclamos desde que abrió un canal de denuncias en 2013 y que el Ministerio de Educación ha comenzado investigaciones formales contra instituciones como la Universidad Andrés Bello, Las Américas, Gabriela Mistral, Iberoamericana, San Sebastián, La República y Arcis.
Paralelamente, el Ministerio Público indaga a 12 universidades por presunción de lucro, por lo que el fiscal Carlos Gajardo envió antecedentes por posibles delitos tributarios al Servicio de Impuestos Internos y al Consejo de Defensa del Estado.