La polémica por la suma urgencia del proyecto que crea la figura de interventor para planteles de educación superior marcó la primera jornada de discusión en la Cámara de Diputados de esta iniciativa del Ejecutivo.
Desde la oposición fueron presentados 12 nombres para comenzar la ronda de citaciones en la comisión de Educación, lo que podría retrasar el cumplimiento de la suma urgencia con la que fue presentado el proyecto, lo que significa que en un plazo de 15 días se despachar a sala, considerando además las sesiones que se deben realizar en la comisión de Hacienda.
El tiempo complica al presidente de la instancia, Mario Venegas (DC), quien manifestó no estar de acuerdo con esta suma urgencia "porque es un plazo demasiado corto para poder atender, pero tendremos que ver las posibilidades que tenemos para escuchar a los distintos actores"
"Los propios parlamentarios han señalado el interés de que instituciones o personas naturales vengan a opinar sobre el proyecto. Tenemos que conciliar eso con los tiempos que están señalados", añadió el diputado.
Oposición se sumó a críticas
Las críticas se amplificaron desde la oposición, donde la diputada UDI, María José Hoffmann, puso en duda el ingreso a tiempo del proyecto que crea una Superintendencia de Educación Superior.
"Me gustó mucho la actitud del presidente (Mario Venegas) de entender que no somos un buzón al decir que instancias va él a disponer. Creo que aquí no hay ningún afán de construir nada, ningún afán de escuchar, están esperando ganar tiempo, no hay claridad en la reforma", apuntó Hoffmann.
"Este es un proyecto que surgió de un día para otro, no eran las prioridades que había manifestado el ministro (Nicolás Eyzaguirre), creo que estamos equivocándonos en el camino. Acá no hay solución de fondo y dudo que la Superintendencia sea presentada a tiempo", añadió la parlamentaria.
Venegas todavía no determina una agenda completa para cumplir con los plazos fijados por el Ejecutivo para la llamada "ley corta", a la que serán presentadas algunas indicaciones, como determinar con mayor precisión los requisitos que debe tener el cargo de interventor y el detalle de las sanciones para quienes desvíen recursos.