La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención, el proyecto de ley que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas sin fines de lucro, requisito que impone la reforma educacional para que las instituciones ingresen a la gratuidad.
El texto -que ya fue aprobado en el Senado y ahora quedó listo para ser votado en la Sala de la Cámara- sumó un artículo transitorio que genera un beneficio tributario especial para las instituciones que se transformen en entidades sin fines de lucro, "con el propósito de no gravar las eventuales transferencias de inmuebles, que podrían constituir un gravamen asociado a una obligación", explicó la Cámara de Diputados en su página web.
Este artículo se aprobó tras un acuerdo entre los parlamentarios y el Gobierno, donde este último se comprometió a ampliar el plazo de beneficios tributarios de 12 a 24 meses desde la promulgación de la ley, con el propósito de que las instituciones tengan el tiempo necesario para constituirse y luego realizar los traspasos.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que "ahora falta nada más que la Sala (lo apruebe), que será el próximo miércoles, la próxima semana. Hay que hacer indicación, yo no estuve la reunión, estuvo la subsecretaria, pero hay un acuerdo de una indicación, que no me acuerdo cuál era, pero era algo básico".
La diputada DC Yasna Provoste destacó que con esto se avanza en garantizar la gratuidad para los alumnos de CFT e IP, porque "a ellos está dirigida esta señal".
"Podemos decirles a esos estudiantes y sus familias que, a partir del año 2017, si asisten a un CFT o a un IP sin fines de lucro, van a poder acceder, al igual que lo hacen hoy día millones de estudiantes en el sistema universitario, a la gratuidad", agregó la ex ministra de Educación.
Discusión del Presupuesto
Este miércoles expusieron en la cuarta subcomisión mixta de Presupuesto algunos rectores de universidades del Cruch, quienes solicitaron más recursos para investigación, equidad en su asignación y el fortalecimiento de los planteles públicos.
El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, se refirió a las diferencias que persisten al interior del Consejo de Rectores y aseguró que en los últimos 10 años los planteles estatales sólo han crecido un tres por ciento, mientras que las demás, por sobre el 40.
"Recibimos 2.350 millones de pesos menos anuales las universidades del Estado que las universidades privadas del Cruch. Es un tema que no es menor y que nos hace sentir, sobre todo cuando las personas dicen que son discriminadas, que las universidades privadas del Consejo de Rectores, universidades del G-9, reciben menos, son maltratadas", precisó.
Este es un punto clave, porque el rediseño de la reforma educacional apunta a un nuevo trato con las universidades estatales y las restantes del Cruch se sienten discriminadas, por lo que piden un trato equivalente.
En tanto, el diputado Giorgio Jackson anunció "una indicación para eximir a las universidades estatales, las universidades creadas por ley, del límite del 2,7 por ciento del aumento" de matrícula.
El ex dirigente estudiantil detalló que su posición es "básicamente por dos razones: la primera es debido a que tenemos universidades que están siendo recién creadas y que no queremos que su aumento de matrícula sea de 2,7 por ciento; pero por otro lado, porque las universidades estatales, en particular en las distintas regiones, son las que tienen mayor nivel de elegibilidad".
Por su parte, el senador socialista Carlos Montes afirmó que en el proyecto "yo no veo el rol central de reponer estructuralmente el rol de las universidades estatales, que es una opción y es un compromiso programático además, eso no lo veo. Dentro de esto, el plan de fortalecimiento de las universidades estatales tendría que verse en este Presupuesto".
