Ricardo Paredes pidió en Cooperativa que el Gobierno y la oposición acuerden "algo que sea no discriminatorio".
Reclamó por el trato que se le está dando al sector técnico profesional.
"Con la ley corta, por secretaría, ni un estudiante del sector técnico profesional queda sujeto a gratuidad", criticó Paredes.
"Una torpeza", "una crueldad", "un drama". Así calificó este miércoles el rector del DUOC UC, Ricardo Paredes, la posibilidad de que el debate en torno a la gratuidad de la educación superior vuelva a ser trasladado al Tribunal Constitucional.
Tras conocerse el fallo del TC que declaró inconstitucionales algunos de los requerimientos dispuestos por el Gobierno en la glosa presupuestaria, éste presentó una ley corta que está siendo tramitada con urgencia en el Congreso: ya fue aprobada por los diputados y por la Comisión de Hacienda del Senado, y esta tarde podría ser despachada por la Sala de la Cámara Alta.
No obstante, desde la oposición afirman que sigue habiendo sesgos discriminatorios en la propuesta del Ejecutivo y advierten que si éstos no son revisados, concurrirán nuevamente ante el TC.
"A mí me parece que, teniendo el Gobierno a su mano la posibilidad de legislar, teniendo la oposición la posibilidad de flexibilizarse, es casi una crueldad llegar nuevamente al Tribunal Constitucional, o una torpeza", dijo Paredes a El Diario de Cooperativa.
Para el académico, "sería una torpeza grande de ambas partes no concordar algo que sea no discriminatorio o que, por lo menos, tienda a eso".
La solución
"A mí me parecería, realmente, un drama", aseguró el rector, a juicio de quien "la solución va por que la elegibilidad de las instituciones no sea diferenciada por si pertenecen a un sector u otro: que si son cuatro años de acreditación para las universidades, también sean cuatro años de acreditación para las instituciones técnico profesionales".
El problema se solucionaría "manteniendo el mismo nivel de acreditación para las instituciones, vengan de donde vengan, y la vulnerabilidad de los alumnos, vengan de donde vengan. Eso, posiblemente, hace que los recursos no alcancen... Bueno, tendrán que aumentar los años de acreditación para todas las instituciones o bajar el umbral de vulnerabilidad para los beneficiarios", opinó.
Ricardo Paredes reclamó, en esta línea, por el trato que se le está dando desde el Gobierno a los institutos profesionales y centros de formación técnica: "De un día para otro están diciendo que la acreditación en el sector técnico profesional vale distinto al sector universitario y eso no es cuidadoso, no es bueno".
"Por secretaría"
Consultado por cómo afecta concretamente a su institución el proyecto de ley corta de gratuidad, el rector explicó que "antes del planteamiento al Tribunal Constitucional había 55 mil estudiantes favorecidos en el puro DUOC; ésa era nuestra estimación, 11 veces más de los favorecidos hoy día".
"Hoy día ninguno (es beneficiado), pero no es el tema el DUOC o no DUOC, es el tema del sector técnico-profesional y cómo se le concibe. Después del fallo, con la ley corta, por secretaría, por política pública, ni un estudiante de sector técnico profesional queda sujeto a gratuidad... quedan de rebote algunos sin necesidad de copago –5.000 y tantos alumnos- exclusivamente por el hecho de que están yendo a centros de formación técnica de menor acreditación en carreras más baratas".
Sin embargo, "estudiantes que van a centros de formación o institutos profesionales de alta acreditación quedan con una brecha importante (de copago), que puede superar el doble el valor de la Beca" Nuevo Milenio 3, explicó.
Montos de la beca Nuevo Milenio
La Ley Corta de gratuidad pretende modificar los montos de la beca Nuevo Milenio, la cual hasta ahora entregaría 600 mil pesos para quienes estudien en CFT e IP que no cuenten con acreditación.
El beneficio sube a 850 mil pesos para los estudiantes si el plantel tiene menos de cuatro años de acreditación, mientras que si tienen más de cuatro años de acreditación, la beca llegaría a 900 mil pesos.
No obstante estos montos no cubrirían el arancel real total, lo cual es la principal crítica de los rectores de estos planteles. En el caso de ENAC, el arancel más alto es de 1,5 millones de pesos, por lo que en ese caso el copago a pagar por las familias sería de unos 600 mil pesos, según explicó el rector Jorge Menéndez.
"Bajo el contexto de gratuidad, nuestros estudiantes, que la mayoría en nuestra institución cumplen con las condiciones de vulnerabilidad, no tenían que pagar nada, no había copago y con esta beca, aún cuando se suba a 900 mil pesos, que es lo que se discute en el Senado, habría un copago del orden de los 300 mil pesos promedio, lo que tendría que ser asumido por las familias", dijo Menéndez.
Universidades privadas definen sumarse o no a gratuidad
En cuanto a las universidades privadas, las nueve que cumplen con los requisitos estudian el escenario, considerando que el plazo para sumarse a la gratuidad es este domingo 27 de diciembre.
La Universidad Alberto Hurtado informará este miércoles por la tarde la decisión, como lo sostuvo el rector Fernando Montes.
"Nos va a dar un promedio de aranceles, pero no nos entregan aportes extras. Las universidades del CRUCh tienen 400 mil millones de pesos de aportes basales, aportes extras, entonces es una situación gravísima porque nos deja con un déficit que puede ser de más de mil millones de pesos, pero queremos verdaderamente acoger a nuestros alumnos con más problemas, entonces esta es una decisión muy delicada que tenemos que tomar", dijo el religioso.
En tanto, en la Universidad Finis Terrae hay dudas de sumarse, en la Universidad Mayor pidieron más datos al ministerio, mientras que la Universidad Silva Henríquez y la Universidad Diego Portales ya decidieron sumarse.
