El proyecto de reforma a la educación superior, que se espera que el Gobierno lo ingrese al Congreso el próximo lunes, ya no cuenta con el respaldo del Consejo de Rectores y ahora suma cuestionamientos desde las universidades privadas.
A días de que se presente la iniciativa, los rectores del Cruch le quitaron el piso a la iniciativa luego de que el Ministerio de Educación les diera a conocer, mediante una presentación en Talca, algunas definiciones como los aranceles y su regulación.
La ministra Adriana Delpiano confirmó que el proyecto incluirá, al igual que en la glosa de gratuidad, una regulación de aranceles para las distintas carreras e instituciones que reciban fondos públicos.
Sin embargo, desde las universidades privadas temen que esto afecte la calidad de sus proyectos educativos.
El rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, indicó que "el debate que se está dando es un debate sin altura de miras, parcializado y que, en resumen, cada actor -lo hemos visto en el Consejo de Rectores- está defendiendo su participación en los recursos que eventualmente daría el Estado".
"Esa es una discusión miope, una discusión cortoplacista", aseguró.
Además, enfatizó que "en el mundo universitario lo que están haciendo es quitarle los patines a las universidades que sí han demostrado calidad, independiente de los recursos que ellos han dispuesto".
"De aquí para adelante los déficits a través de la fórmula que nos ha entregado el Gobierno van a ser gigantescos en cada una de las universidades y el resultado de ese déficit es una pérdida de calidad, lo que es preocupante", recalcó Covarrubias.
Mientras que el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, sostuvo que faltan precisiones, pero hay al menos un marco regulatorio. Eso sí, puso la alerta en aquellos planteles que por no recibir aportes del Estado funcionen con aranceles libres.
"Me preocupa que haya universidades que digan '¿Saben? Yo no recibo ningún peso del Estado. Por lo tanto, voy a cobrar lo que quiera'. ¿Y qué vamos a tener? Universidades que forman a la élite socioeconómica, reproduciendo en el sistema universitario el siete por ciento de particulares pagados del sistema escolar", advirtió.
Silva indicó que "eso me parece una muy mala noticia. Yo espero que no haya ni una universidad que se salga de la política pública".
Mientras, desde la Universidad Católica Silva Henríquez, su rector, Jorge Baeza, si bien valoró que se quieran hacer cambios que permitan que miles de jóvenes puedan estudiar gratis, consideró que también se puede producir un déficit entre el arancel regulado y el real.
"Eso nos puede llevar, y no estoy solo pensando solo en nosotros como universidad, porque la instancia que tenemos entre los aranceles regulados y el arancel real nuestro quizá no es tanto, pero qué va a pasar con el sistema cuando lo que se está haciendo como arancel regulado no es en ningún momento una discusión profundidad sobre cual es el gasto real de cada una de las carreras", afirmó el rector.
Confech: Proyecto genera un rechazo generalizado
Por su parte, desde movimiento estudiantil expresaron que no les sorprende el nuevo aplazamiento de la presentación del proyecto, que el Gobierno tenía un plazo autoimpuesto de ingresarlo al Congreso en junio pasado.
La presidenta de la FECh, Camila Rojas, señaló que "los plazos y el cronómetro termina pasando a un segundo plano cuando lo que vemos es que, al parecer, lo que se presentaría viene bien malo en términos de que efectivamente se hagan cambios sustantivos".
"Como estudiantes queremos disputar el contenido, porque queremos ganar una educación pública, gratuita y de calidad en lo que significa en términos generales eso y lo que está haciendo el Gobierno, ya sea con los plazos o bien con lo que se ha presentado hasta ahora, es generar un rechazo generalizado", concluyó.
La Confech se reunirá este sábado en la Universidad Central en Santiago, mientras sigue pendiente la autorización a la marcha convocada por el movimiento estudiantil para este martes.