La ministra de Educación criticó al organismo por ofrecer ayuda a los estudiantes que sean sancionados por boicotear la PSU.
"Ningún derecho que esté asegurado en la Constitución pueda ser restringido por decisiones administrativas", planteó Patricia Muñoz.
Cubillos criticó a la Defensoría de la Niñez.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, criticó a la Defensoría de la Niñez por ofrecer ayuda a los estudiantes que sean sancionados por boicotear la PSU y que quedarán fuera del proceso de admisión 2020.
"A diferencia de la Defensoría de la Niñez, nosotros como Gobierno, entre los jóvenes que promovieron la violencia e hicieron este boicot y los jóvenes que la sufrieron, nosotros estamos por defender a los jóvenes que sufrieron la violencia", dijo la secretaria de Estado.
La titular de Educación además rechazó el ofrecimiento de la Escuela de Historia de la Universidad Austral para que Víctor Chanfreau ingresara a esa carrera sin rendir la PSU, aunque el rector de la UACh desestimó esa posibilidad, al igual que el propio dirigente de la ACES.
Por otro lado, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ofició al Demre solicitando la nómina de los estudiantes afectados durante el boicot de la PSU, aunque dijo que no le fue entregada.
Muñoz sostuvo que la educación es un derecho que debe ser garantizado.
"Lo que nosotros sostenemos es que ningún derecho que esté asegurado en la Constitución pueda ser restringido por decisiones administrativas por vía reglamentaria, porque evidentemente hay una colisión que tiene que ver con la defensa de los derechos", dijo Muñoz.
"Entonces, lo que acá queremos transmitir como Defensoría de la Niñez es que nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile y, por lo tanto, investigaciones en el ámbito penal no tienen ni pueden tener ninguna incidencia en la afectación de derechos fundamentales como es el derecho a la educación", enfatizó la defensora.
La Defensoría de la Niñez también expresó en un comunicado que solicitará al DEMRE, como organismo responsable del proceso, que incluya a los jóvenes que se vieron obligados a rendir la PSU en condiciones no favorables de concentración y tranquilidad en el grupo de jóvenes que tendrán acceso a la rendición del test el 27 y 28 de enero.
Asimismo, ante la suspensión de la PSU de Historia y Geografía, el organismo anunció acciones judiciales que permitan que éstos/as vean asegurada la igualdad ante la ley y tengan la posibilidad cierta de rendir una prueba que pudiera favorecer su situación de ingreso a la universidad.
En tanto, el vicepresidente del CRUCh y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, dijo por su parte que la sanción de dejar sin prueba de admisión sólo corresponde a quienes hayan impedido a otros dar este examen y que esto haya sido comprobado.
Respecto al apoyo ofrecido por la Defensoría de la Niñez, dijo que cada cual tiene su tarea y los rectores deben hacer cumplir las reglas de admisión.
"La Defensoría de la Niñez cumple también una función y está dentro de sus competencias desde luego ofrecer este servicio y llevar a cabo esa tarea que se ha señalado públicamente. Desde luego que si se cometiera alguna arbitrariedad en la aplicación de las normas que regulan el proceso de admisión nosotros seremos los primeros en tratar de corregir, de rectificar, pero nosotros también tenemos que dar cumplimiento y hacer cumplir las reglamentaciones del proceso de admisión", dijo Valle.
El tema pendiente es en qué locales se van a realizar las pruebas a fines de enero, para lo cual se están realizando las coordinaciones.
Desde ya, muchos de los colegios que fueron sede no lo serán nuevamente y habrá un perímetro de seguridad bastante más estricto y amplio.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reiteró "el compromiso del Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la PSU pueda completarse de forma exitosa. No vamos a permitir que jóvenes violentos quieran conculcar el derecho que tiene la mayor parte de los jóvenes que quieren participar, que quiere ejercer su derecho y que quiere acceder a la educación superior".
"Esto lo vamos a trabajar coordinadamente con el Consejo de Rectores, evidentemente se van a tener que tomar disposiciones mucho más exigentes para poder asegurar que los miles de jóvenes que no pudieron ejercer su derecho lo puedan ejercer", sentenció.
