El Ministerio del Interior confirmó querellas contra 16 personas por distintos delitos ocurridos en los locales este lunes y martes.
En tanto, el Mineduc ordenó al Demre comenzar una investigación por la prueba de Historia.
Blumel añadió que pidieron al Consejo de Defensa del Estado que estudie las acciones penales y civiles correspondientes.
Los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y de Educación, Marcela Cubillos, anunciaron acciones legales contra quienes resulten responsables del llamado a boicotear la Prueba de Selección Universitaria (PSU), al igual que contra quienes filtraron el examen de Historia y Ciencias Sociales, y los que causaron desórdenes en los locales este lunes y martes.
En su primera aparición en el marco de esta prueba, la titular del Mineduc señaló que su cartera también apoyará distintas querellas y denuncias que grupos de apoderados le han adelantado por este hecho.
"Acá no hubo encapuchados ejerciendo violencia, hubo personas con nombre y apellido que llamaron a boicotear un proceso, y cuando en un Estado de Derecho se impide por la violencia a un grupo grande de jóvenes a ejercer sus derechos más básicos, como era participar de esta Prueba de Selección Universitaria, es evidente que van a tener que asumir todas las responsabilidades penales y civiles que correspondan", sentenció.
ministra de Educación Marcela Cubillos dice “acá no hubo encapuchados,tienen nombre y apellido...” “Acá hay voceros y organizaciones como la ACES que llamaron a ejercer la violencia”. @Cooperativa pic.twitter.com/3FRYQB44e0
— K (@KassWidemann) January 7, 2020
Pocas horas más tarde, el ministro Blumel explicó que debido al daño causado a "los estudiantes, a sus familias, al patrimonio público, al patrimonio privado, y a la tranquilidad y el orden público de los chilenos", el Gobierno iniciará una serie de acciones penales.
Estas irán en contra de "quienes causaron daños y destrozos, quienes atacaron a Carabineros, quienes realizaron filtraciones, y quienes incitaron o promovieron acciones que alteraron el orden público y afectaron el desarrollo de la PSU".
"Asimismo, hemos tomado contacto y le hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que estudie todas las acciones penales y civiles que correspondan por los delitos y perjuicios que se han causado", añadió el secretario de Estado.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, detalló que de momento tienen contempladas querellas contra 16 personas, "que se suman a los más de 320 detenidos durante estas dos jornadas" por distintos delitos.
Entre el grupo de querellados, se encuentran personas que acusadas de realizar desórdenes públicos; agredir a carabineros; lanzar y portar bombas molotov, y realizar barricadas en medio de las protestas.
"Además, ingresaremos denuncias para todas aquellas personas que hayan fomentado o promovido la interrupción de un servicio de utilidad pública, como lo es la Prueba de Selección Universitaria", puntualizó.
Posibles sanciones según la normativa PSU
La ministra de Educación además confirmó que se indagará sobre las circunstancias que llevaron a la filtración de la PSU de Historia, que forzó al Consejo de Rectores a cancelarla poco antes de que comenzara la rendición en esta jornada.
"Se le ha pedido al Demre que haga y ordene una completa investigación y fiscalización para que exista completa transparencia y claridad respecto de los protocolos que puedan haber fracasado, y respecto también de las responsabilidades que tengan que ejercerse", explicó.
Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, adelantó las sanciones que podrían enfrentar los responsables tanto del boicot a la prueba, como de la filtración del examen de Historia, de acuerdo a la normativa de la PSU.
El documento repasado por la autoridad detalla que "toda acción que altere o impida el normal desarrollo del proceso de admisión, perjudique o pueda perjudicar a los y las participantes, infrinja la obligación de rendir las pruebas en forma personal y sin ayudas, o cualquier sustracción o difusión no autorizada de todo o parte del contenido de las pruebas, significará a él o la postulante la exclusión inmediata del proceso de admisión".
"Sin perjuicio de lo anterior, se harán las denuncias o se ejercerán las acciones que legalmente correspondan para hacer efectiva la responsabilidad civil o penal", agregó el subsecretario.
297 mil jóvenes debían rendir PSU, pero +de 80 mil no pudieron pq un grupo de violentistas les arrebató ese derecho. Los violentistas serán juzgados y sancionados x la Justicia y los estudiantes tendrán otra oportunidad de rendir la prueba e iniciar una nueva vida en Ed. Superior
— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 7, 2020
El Presidente Sebastián Piñera lamentó en su cuenta de Twitter que "más de 80 mil" personas de las 297 mil inscritas no pudieran rendir la PSU "porque un grupo de violentistas les arrebató ese derecho".
"Los violentistas serán juzgados y sancionados por la Justicia, y los estudiantes tendrán otra oportunidad de rendir la prueba e iniciar una nueva vida en la Educación Superior", concluyó el Mandatario.
El rector Aldo Valle, por su parte, manifestó que "no puede ser que finalmente sea la fuerza contraria al ordenamiento jurídico, contraria a normas básicas de convivencia y de respeto, termine impidiendo un proceso".
"No hubo ninguna subestimación, las personas pudieron acceder sin ningún inconveniente. En las próximas pruebas tendremos que tomar medidas, un cerco de un perímetro protegido", sostuvo.
Respecto a la repetición de las pruebas suspendidas, Valle aseguró que "no tenemos fechas límites, lo vamos a hacer en función de consolidar el número de alumnos que efectivamente debe rendir estas pruebas".
Finalmente, el vocero de la ACES Víctor Chanfreau, quien lideró el llamado a boicot, realizó un "balance exitoso e histórico de las movilizaciones que se dieron, la ACES era parte de las cientos de organizaciones y asambleas autoconvocadas. Está claro que la demanda es no más PSU, no puede existir nunca más esta prueba estandarizada como método de ingreso a la educación superior".
