Hoy miércoles, a las 17:00 horas, finaliza el plazo para apelar de las 86 personas que están inhabilitadas para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) este 27 y 28 de enero, debido a las manifestaciones que obligaron a suspender la rendición del examen en algunos locales el 6 y 7 de enero pasados.
Entre los afectados están los principales voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau.
Si bien este jueves se darán a conocer los resultados de la apelación, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, hizo un llamado a quienes quieren rendir la prueba a comprometerse a no volver a boicotear el proceso.
La secretaria de Estado dijo que "cuando hablamos de alumnos que habiendo tenido la oportunidad de dar la PSU no la dieron y, además, impidieron que otros compañeros de sala o colegio no la dieran, son claramente alumnos que en su minuto optaron por no dar la prueba e, incluso, por perjudicar a compañeros y a jóvenes que no tenían todo el derecho a darla".
"Ojalá si en entre esos jóvenes hay algunos que hayan cambiado de opinión y que hoy quisieran efectivamente ejercer su derecho a dar la prueba, puedan apelar y puedan garantizar que no van a repetir las conductas que tuvieron en la fecha anterior", manifestó Cubillos.
Para poder realizar la apelación, los estudiantes sancionados tienen que ingresar a la página web oficial del Demre.
Diputado PS llamó a ministra a "asumir liderazgo político que corresponde"
Además, durante la tarde de este miércoles, se espera que autoridades del Mineduc, Demre y también rectores a una sesión especial de la Cámara de Diputados para que se dé cuenta del accidentado proceso de la PSU.
El diputado socialista Juan Santana llamó al Gobierno a que "se abra a espacios de diálogo que permitan poder intercambiar puntos de vista con las organizaciones estudiantiles; que el Gobierno, de una vez por todas, pueda dialogar frontalmente acerca de los principales desafíos que hoy tiene la política de acceso a la educación superior".
"La PSU, lo hemos dicho en todos los tonos, es una prueba segregadora, es una prueba que finalmente termina discriminando a partir del origen socioeconómico de las y los estudiantes de nuestro país y, por tanto, es necesario que el Gobierno y principalmente la ministra asuma el liderazgo político que corresponde", expresó.
