El hecho ocurrió en 2023 y es parte de una acción civil en la que se piden millones de pesos en términos de indemnización.
El recinto aseguró que se trató de "juegos de niños".
La Superintendencia de Educación amonestó al Colegio SEK por la falta de aplicación de su reglamento interno tras una denuncia de actos de connotación sexual y bullying en contra de un menor de seis años.
Según publicó La Tercera, la situación ocurrió en comienzos del 2023, cuando una familia de padre español y madre chilena denunció que su hijo G.R.C.R. estaba siendo víctima de malos tratos en el Colegio Sek Austral de Peñalolén.
"A través de varios apoderados, los padres de G. se enteraron de una serie de episodios similares de acoso, bullying y tocamientos en los genitales de su hijo, lo que no era algo aislado, sino una constante desde hacía prácticamente dos años, principalmente ejecutados por parte de una niña de su mismo curso", se lee en una acción civil patrocinada por el abogado Mario Mora.
El texto continúa señalando que "en ningún momento los padres fueron citados a una reunión de mediación con los otros padres, ni recibieron la menor muestra de preocupación hacia la integridad física y psicológica del niño (...) El proveedor siguió insistiendo en que todas las situaciones de acoso, bullying y tocaciones en grupo a los genitales del pequeño eran solo un juego de niños".
La institución calificó lo ocurrido como "juegos de niños" y desestimó la solicitud de los padre de un cambio a otra sede del recinto, ubicada en Las Condes.
El 17 de junio de 2023, la familia presentó una denuncia ante la Superintendencia de Educación, la que en enero de este año amonestó al recinto, ya que "incurrió en una infracción menos grave en su proceder frente al caso que se consulta".
"El cargo que se formuló al establecimiento educacional fue: 'Sostenedor no aplica correctamente su Reglamento Interno y/o protocolos', lo que se calificó como una infracción menos grave, por lo que fue sancionado con una amonestación por escrito", detallaron.
La familia -que actualmente vive en España- exige una indemnización de 30 millones de pesos para cada padre y de 100 millones para el menor por concepto de daño moral.
