El Tribunal Constitucional (TC) realiza este jueves la revisión de control de constitucionalidad de dos aspectos de la glosa de gratuidad incluida en la Ley de Presupuesto 2018.
Se trata la revisión de constitucionalidad del no lucro para los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP), debido a que según el mismo tribunal sólo se pueden utilizar exigencias en relación con la calidad de las instituciones, y considerando que por ley este tipo de entidades sí pueden tener fines de lucro, a diferencia de las universidades, en las que el retiro de utilidades está prohibido.
Esta revisión genera cierto temor e inquietud en La Moneda y en el Ministerio de Educación, por la suerte que podría correr esta norma en el TC.
El otro asunto que se analizará será la excepción que existe para las universidades estatales respecto a la exigencia de cuatro años de acreditación como al resto de las instituciones adscritas a la gratuidad.
Esto último ya fue considerado discriminatorio en un fallo de 2015, cuando el TC declaró inconstitucional la glosa de gratuidad de la Ley de Presupuestos 2016, tras un requerimiento presentado por la derecha, y obligó al Gobierno a llegar a un acuerdo con la oposición.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, recordó la impugnación de la derecha hace dos años.
"Llama la atención, (aunque) está dentro de las atribuciones que tiene el tribunal. Hace dos años la derecha impugnó esta consideración, el tribunal falló a favor de lo que decía la derecha y después hubo que llegar a un acuerdo con la derecha para poder lograr que los IP y CFT pasaran a ser organismos sin fines de lucro para poder entrar en la gratuidad para los alumnos", dijo Delpiano.
"Aquí hay un concepto distinto detrás sobre el tema de los que pasa con los institutos profesionales y centros de formación técnica y esperamos que el fallo del TC no sea adverso a esta materia", añadió.
Según se aclaró desde el TC, lo que se vio en específico y que fue enviado desde la Cámara de Diputados, es la glosa número cuatro sobre transferencias corrientes y logros de evaluación aprendizaje, lo que quiere decir en simple contratos de personal.
Vocera: No adelantamos juicios
La vocera de La Moneda, Paula Narváez, dijo que por el momento el Gobierno no emitirá una postura, hasta que se conozca una determinación.
"Nosotros no adelantamos juicios, esperemos que el TC lleve adelante el análisis que corresponde en función de las facultades que tiene", afirmó la secretaria de Estado.
"Evidentemente para nosotros como Gobierno lo importante aquí es cautelar que lo que fue aprobado en el Congreso, que es muy relevante, porque va a permitir avanzar en gratuidad a las personas del nivel socioeconómico que pertenecen al 60 por ciento, eso es lo más relevante y esperamos que el TC tenga esas consideraciones también", añadió.
Tras revisar la ley de Presupuesto el TC tiene un plazo de 30 días para informar su decisión, pero dado que al ser recursos que se necesitan con prontitud ya podría haber novedades y una publicación de acta la próxima semana.