El abogado Jorge Correa Sutil, ex miembro del Tribunal Constitucional, descubrió párrafos copiados textuales de la acusación constitucional de 2012 contra el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en el libelo contra el suspendido ministro de Educación, Harald Beyer.
De acuerdo con lo publicado por El Mercurio, ambas acusaciones piden que se "lo destituya de su cargo en conformidad al artículo 53 N°1 de la Constitución Política de la República, por dejar sin aplicación el artículo 3 letra b de la ley 20502 y por haber infringido, abusando de sus facultades legales, los artículos 19 N° 1 y N° 5 de la constitución".
El párrafo se repite textualmente en ambos libelos, pese a que los artículos aludidos se refieren a "velar por la mantención del orden público en el territorio nacional", "derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona" y "la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada", responsabilidades de Interior y no de Educación.
Presiones e inhabilidades
Mientras se analiza este error, en el Senado se espera la fijación de la fecha para revisar la acusación constitucional y los parlamentarios de la oposición afirmaron que no aceptarán presiones del Ejecutivo para rechazar el libelo.
Camilo Escalona (PS) planteó que "los senadores y senadoras actuarán como la constitución les indica, es decir, con estricto apego a la misión que tienen. Y en consecuencia tomar posición no por presiones". Y Ximena Rincón (DC) agregó que "no corresponden ni las transacciones ni las negociaciones. Abrir espacio para ello es desvirtuar las instituciones y que la ciudadanía no crea en nosotros".
Y ante los emplazamientos de inhabilitación de senadores de oposición (José Antonio Gómez, Andrés Zaldívar y Soledad Alvear) por sus vínculos con universidades, estos respondieron con la misma petición para dos parlamentarios oficialistas.
A Carlos Larraín (RN) se le cuestiona porque su mujer, Victoria Hurtado, es controladora de la Universidad Santo Tomás, ante lo que el senador respondió que "voy a votar con absoluta autonomía en el asunto, aunque algún diputado por ahí ande descubriendo conflictos de intereses y majamamas varias".
En tanto, a Hernán Larraín (UDI), se le pidió restarse porque está ligado a las universidades Santo Tomás y Las Américas. Él también rechazó el emplazamiento: "No estamos ante conflictos de intereses que pongan a las universidades privadas o institucionalidad determinada en jaque o en cuestión. No es eso lo que está en debate, sino si un ministro cumplió o no sus obligaciones".
Mientras en la oposición Zaldívar (DC) y Gómez (PRSD) desestimaron abstenerse, Soledad Alvear (DC) dijo que "me he inhabilitado en dos proyectos de educación superior. Pero respecto de esta eventual inhabilitación me voy a pronunciar en los días siguientes, por cuanto es distinto pronunciarse en una iniciativa legal que actuar como jurado respecto de una acusación constitucional".