Finalmente, y tras las peticiones surgidas desde diversos actores, se hizo público en su totalidad el informe de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior, que investigó las denuncias sobre lucro en los planteles privados.
El texto, de 368 páginas, fue aprobado por siete votos a favor por parte de diputados de oposición con fecha del lunes 18 de junio.
Ese mismo día la presidenta de la comisión investigadora, la diputada del PRI Alejandra Sepúlveda, dio a conocer algunas de las conclusiones generales del informe, que acusó distintas maniobras utilizadas por siete universidades y un instituto profesional para violar la ley que les impide tener utilidades.
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Los diputados entregaron el miércoles los antecedentes reunidos a la Fiscalía. (Foto: UPI) |
Las instituciones acusadas son la Universidad de las Américas, Universidad Andrés Bello, Universidad Viña del Mar e instituto AIEP (pertenecientes al grupo Laureates International Universities); la Universidad Santo Tomás (controlada por el fondo de inversiones Linzor Capital), la Uniacc (comprada por el grupo Apollo), la Universidad del Desarrollo y la Universidad del Mar.
Los diputados entregaron el día miércoles el informe al fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien anunció la designación de un fiscal preferente para investigar las denuncias, debido a "la magnitud de los eventuales delitos".
La acusación contra las ocho instituciones motivó dos marchas durante la última semana, una de estudiantes secundarios y otra de alumnos de universidades privadas.
En los últimos días dirigentes estudiantiles como Gabriel Boric y Camila Vallejo emplazaron públicamente al presidente de la Cámara de Diputados, el RN Nicolás Monckeberg, para que permitiera la difusión completa del informe, lo que ahora ocurrió.