Bajo gobiernos concertacionistas el sistema se diseñó obligadamente en acuerdo con la derecha, dijo Marigen Hornkohl.
En tanto, las agencias privadas de acreditación ya critican la nueva ley que las borra del mapa.
La ex ministra de Educación del Gobierno de Ricardo Lagos Marigen Hornkohl (2005-2006), rechazó las críticas que hizo el Presidente Sebastián Piñera a las administraciones concertacionistas al presentar, en la víspera, el proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad para la acreditación de la calidad de la educación superior.
La iniciativa, entre otros aspectos, reemplaza a la hoy cuestionada Comisión Nacional de Acreditación por una nueva Agencia Nacional de Acreditación. El viejo sistema "no aseguraba la calidad, probidad ni la independencia en el proceso de certificar la calidad de las instituciones", dijo ayer el Presidente Piñera.
En el Gobierno "heredamos un mal sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior", afirmó el Mandatario, dichos que merecieron la réplica de Hornkohl.
"Lo que hace el Gobierno con este tema es lo mismo que ha estado haciendo en una serie de otros temas", dijo la militante DC, que bajo la administración Bachelet ejerció como titular de Agricultura.
"Yo creo que están muy equivocados, porque Chile es un país que cambió, un país que nosotros, durante 20 años, logramos transformar... Claramente en esas transformaciones hubo muchas cosas que pudimos hace cabalmente y muy bien, y otras que pudimos hacer en la medida de que fue posible avanzar en acuerdos para poder lograrlo", justificó la ex ministra.
"No tengamos mala memoria", emplazó Hornkohl: "Hay que tener buena memoria y recordar lo que todos pudimos hacer bien o logramos hacer a partir de esos famosos acuerdos a que era necesario llegar", defendió.
Rechazo de las agencias
Otra de las disposiciones del proyecto de ley, que se envió con suma urgencia al Congreso, es sacar del sistema a las agencias acreditadoras privadas. La certificación sólo la harán entidades públicas o privadas de Estados Unidos.
"Nos parece mal por varias razones: primero porque no hay una evaluación objetiva del trabajo de las agencias, por lo tanto, mal podría hacerse desaparecer un sistema que no ha sido evaluado", dijo José Miguel Rodríguez, integrante del directorio de la agencia AcreditAcción.
"En segundo lugar, si se pensara traspasar esto a un ente estatal, como la actual CNA o una nueva agencia, lo real –hay demostraciones empíricas al respecto- la verdad es que no daría abasto", indicó el ejecutivo.
El sistema "ya no da abasto hoy día con lo que tiene, que es acreditación institucional y de posgrados, menos entonces (lo hará) si le incorporan, más encima, la acreditación de pregrado, que es el grueso", opinó Rodríguez.
La veta judicial
En paralelo a la presentación del proyecto de ley, ayer se realizó una audiencia de revisión de las medidas cauterales del ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia Ángel Maulén.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó revocar la prisión preventiva y mantuvo al académico en la cárcel, decisión que fue reprobada por el abogado defensor Gabriel Zaliasnik, que acusó faltas al principio de igualdad ante la ley.
"Surge una especie de catones morales que quieren, de alguna manera, encausar en algunas personas todos los problemas y deficiencias del sistema, y eso nosotros no lo vamos a aceptar. El señor Maulén y la Universidad Pedro de Valdivia son un actor más dentro del sistema universitario", dijo Zaliasnik.
"Si el sistema universitario tenía las deficiencias que ha denunciado la Contraloría General de la República, que ha denunciado la OCDE y que han motivado al Presidente de la República a enviar un proyecto de ley para modificar todo esto, eso no es responsabilidad, por cierto, de una persona; ése es un problema del sistema", dijo el ex presidente de la Comunidad Judía de Chile.
El abogado Rodrigo Reyes, del Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa, respaldó, en cambio, la labor desarrollada por el Ministerio Público.
"Nos parece a nosotros que la investigación se ha desarrollado bastante acuciosamente por parte del fiscal (Carlos) Gajardo y el fiscal Carlos Norambuena, y probablemente podrá haber el día de mañana nuevos implicados, nuevas personas formalizadas", dijo Reyes.
"Eso lo dirá la investigación y el curso de los hechos de ahora en adelante", expresó, revelando que el perjuicio fiscal que se calcula por los casos de la Universidad del Mar y Pedro de Valdivia se elevan a casi 9.000 millones de pesos, en montos del Crédito con Aval del Estado.
"Se trata de perjuicios importantes, que el Estado estima que, de alguna manera, hay que tratar de recuperar", advirtió.
