El fiscal regional metropolitano oriente Luis Ayala llamó a confiar en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público respecto de las denuncias de lucro en las universidades privadas y la presunta ocurrencia de actos de corrupción en la Comisión Nacional de Acreditación de dichas casas de estudio.
Ayala salió al paso de las dudas ante el avance de las indagatorias lideradas por el fiscal Carlos Gajardo, y afirmó que el organismo no ha sido presionado y tampoco se dejará presionar.
"Tenemos la certeza absoluta de que su trabajo (de Gajardo) y el del equipo que compone esta investigación va a arribar a resultados, cualquiera que éstos sean, en base a la objetividad y el profesionalismo, independiente de las eventuales presiones que puedan existir, que, por lo menos nosotros no las hemos sentido, ni nadie nos ha representado nada en esa materia", afirmó Ayala.
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El abogado querellante Mauricio Daza teme "presiones enormes que van a buscar que esta causa quede en nada". (Foto: UPI) |
La semana pasada el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió querellarse contra el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación Luis Eugenio Díaz por los delitos de negociación incompatible y cohecho, y en contra del ex rector de la Universidad del Mar Héctor Zúñiga por soborno. Ambos personeros ya declararon en la causa en calidad de imputados.
La semana pasada la PDI incautó computadores en la Universidad del Mar y otras seis universidades indagadas: la Universidad Bernardo O'Higgins, de Las Américas, SEK, Pedro de Valdivia, Andrés Bello y Uniacc, casas de estudio privadas que, junto al centro de formación técnica Simón Bolívar, le pagaron 290 millones de pesos a Díaz por asesorías que están bajo la lupa del Ministerio Público.
La acción judicial del CDE contra Díaz y Zúñiga se interpondrá entre mañana martes y el jueves en el Noveno Juzgado de Garantía de la capital, mientras el fiscal Carlos Gajardo espera un crucial informe que le entregará la Policía de Investigaciones.
Los querellantesEl abogado Mauricio Daza, que representa a más de 200 alumnos de la Universidad del Mar que se querellaron por estafa, cree que ante este escenario las presiones de los grupos económicos dueños de las universidades son inevitables, pero indicó que la Justicia tiene instrumentos para contrarrestarlas.
"Obviamente aquí va a haber presiones enormes que van a tener por finalidad que esta causa quede en nada". Sin embargo, "cuando se trata de una investigación en la que se imputan delitos tan graves como lavado de activos, la ley establece" diversos caminos.
Entre éstas se encuentran "la posibilidad no solamente de decretar reservada o secreta parte importante de la investigación, sino también realizar interceptaciones telefónicas, levantamiento de secreto bancario, y otras medidas que en este caso, dada la extensa red que se armó de manera absolutamente fraudulenta para ocultar el giro mercantil a partir de aparentar ser universidades sin fines de lucro, obviamente se hacen imprescindibles", opinó Daza.