En julio de 2013 los estudiantes de la Universidad Central se tomaron por varias semanas las dependencias de su plantel, ocurriendo un violento desalojo y denuncias de funcionarios que acusaron haber sido atacados por los jóvenes con palos y cuchillos.
Por este motivo, rectoría decidió comenzar una investigación, sumado a interponer una querella por usurpación violenta, robo y hurto en octubre del pasado año.
Los daños fueron avaluados en cerca de 200 millones de pesos, pero el Séptimo Juzgado de Garantía de la Fiscalía Centro Norte decidió no perseverar, quedando absueltos los 37 estudiantes involucrados.
La abogada defensora Martina Leiva indicó que "eso es lo que señala el Ministerio Público y a lo que se adhiere la parte querellante, que de los hechos investigados no se logra probar ninguno de los delitos que se persigue y que el querellante señala en su querella".
"La defensa sostiene que no es posible que las universidades tomen estas medidas tan drásticas y pretendan criminalizar a los estudiantes que se movilizan por una causa que ellos consideran justa", declaró.
Situación de jóvenes expulsados
La decisión fue bien recibida desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Central y su presidente Marco Belarde manifestó que "esperemos que esto marque un precedente para que las autoridades de la universidad consideren la medida que tomaron el año pasado, que fue expulsar a estos alumnos".
"La Justicia dijo que no hay responsabilidades individuales de estos estudiantes porque no hay pruebas que consignen esto, entonces nosotros esperamos que independiente que hoy los estudiantes estén en un recurso de protección para poder revertir la medida de la expulsión, esperamos que no esperen a que la Justicia vuelva a hablar, sino que ellos tomen la medida de volver a reintegrar a estos estudiantes", dijo.
Actualmente, de la treintena de estudiantes involucrados, 12 fueron expulsados de la institución y 11 reincorporados, mientras que los demás se reubicaron en otras instituciones.
Iván Ortiz, que está en quinto año de Derecho, logró ser reincorporado a su plantel y declaró que "nosotros nos tomamos esto como un antecedente inmensamente importante. Marca un contraste bastante interesante en cuanto a lo que dice Justicia chilena y lo que dicen los tribunales internos de la universidad".
"No podemos obligarlos a que pudieran aportar"
Desde la Universidad Central, su fiscal Rodrigo Núñez explicó que la querella estaba dirigida a todos quienes estuvieron involucrados en la toma y no solo a estos 37 estudiantes.
Señaló que no quedó conforme con la decisión: "Lo ideal hubiera sido que los alumnos detenidos hubieran aportado pruebas respecto a quiénes vieron destruyendo la universidad, que anduvieron destrozando cosas y robando sea lo que sea, pero no podemos obligarlos a que pudieran aportar".
"Las querellas, en general, cuando ocurre este tipo de delitos graves, estamos obligados a iniciar acciones", agregó.
La defensa de los estudiantes de la Universidad Central espera ahora la resolución de la Corte de Apelaciones, puesto que interpusieron en diciembre de 2013 un recurso de protección.