Reina la incertidumbre entre alumnos de los planteles que hoy se ven cuestionados en la Justicia.
"El daño a ellos y sus familias es inconmensurable", dice Educación 2020.
En la más completa incertidumbre se encuentran los estudiantes de la Universidad del Mar que ayer, miércoles, marcharon en Santiago para manifestarse en contra del cierre del plantel que solicitó el Mineduc al Consejo Nacional de Educación a raíz de las múltiples irregularidades detectadas en su funcionamiento.
El drama -señalan ellos y lo refrendan expertos- se extiende a todo su grupo familiar, ya que en general las universidades que hoy aparecen cuestionadas ante la Justicia acogen a alumnos de recursos medios y bajos que requieren apoyo de sus cercanos y acceso a créditos para poder pagar sus estudios.
Es el caso del polémico Crédito con Aval del Estado, que se entrega sólo a los alumnos que estudian en planteles acreditados. En el proceso de acreditación es donde la Fiscalía acusa ahora de una serie de delitos a los ex rectores de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, y la Universidad de Pedro de Valdivia, Angel Maulén, quienes habrían sobornado al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz. Los tres fueron formalizados.
Con deuda y sin cartón
Según el Ministerio Público, la Universidad del Mar pagó cuatro cheques por 15 millones de pesos a Díaz, y sólo por concepto de Crédito con Aval del Estado recibió 10.600 millones de pesos de fondos estatales en los dos últimos años.
La Universidad Pedro de Valdivia, según la Fiscalía, pagó 50 millones de pesos en asesorías al mismo Díaz y recibió 8.300 millones de pesos por el CAE entre 2011 y 2012.
Las denuncias que hoy pesan por ambos planteles y el eventual cierre de la U. del Mar tejen todo un manto de dudas sobre la real calidad de los planteles y, sobre esa interrogante, los alumnos creen que el prestigio que tendrá su título profesional se verá reducido considerablemente, junto con sus posibilidades de acceder a buenos empleos y remuneraciones.
"No es lo mismo hoy día salir con un cartón que diga Universidad del Mar, Universidad Pedro de Valdivia o Universidad Bolivariana o Universidad Uniacc a salir con un título de la Universidad de Chile, Católica o universidades privadas que no están hoy día en la palestra por el tema lucro o acreditación, como podría ser la Adolfo Ibáñez, por ejemplo", dice a Cooperativa Valeska Concha, vocera del Movimiento de Estudiantes de Educación Superior Privada (Mesup).
"Considerando que los estudiantes de la Universidad del Mar ya comenzaron una querella por estafa, si nosotros llegásemos a tener acciones legales al respecto, obviamente que lo haríamos consultándolos primero a ellos, para no pasarlos a llevar, y buscando una acción de carácter más general", señala.
Primera generación abortada
Para María Fernanda Ramírez, investigadora de la Fundación Educación 2020, no sólo se deben considerar las mayores dificultades para conseguir empleo o los menores ingresos que podrían recibir los egresados de estas universidades, sino también el daño emocional y patrimonial provocado a cada familia.
Lo ocurrido "tiene un costo que va mucho más allá del tema del salario: en Chile mucha gente que ha ido a estas instituciones ha sido la primera generación de su familia que lo ha hecho", advierte.
Los jóvenes y "sus padres, sus abuelos, se esforzaron todos por pagar la universidad, por apoyar al estudiante en su proceso educativo, así que todo ese grupo familiar se siente engañado", añadió.
"Hicieron un esfuerzo de pasar por un proceso educativo que estaba acreditado, pero en realidad no estaba acreditado (debidamente); era, pero no era... Ese daño es inconmensurable", señala Ramírez.
Admisión 2013
Tras el escándalo de las detenciones y formalizaciones, el Gobierno anunció el pronto envío al Congreso de un proyecto que introducirá "cambios drásticos" al actual sistema de acreditación.
Se evalúa la posibilidad de ponerle urgencia a su discusión, y en tal línea se manifiestan incluso los parlamentarios oficialistas, como la senadora de la UDI Ena von Baer, que ha defendido con fuerza el sistema privado e incluso el lucro en la educación.
"El Gobierno tiene que dar un paso rápido. Nosotros le pedimos que envíe el nuevo proyecto de acreditación de la educación superior. Creemos que es urgente y de esa forma darle tranquilidad a las miles de familias que hoy día están eligiendo la Universidad para cursar su educación superior", dijo la ex vocera.
En efecto, mientras se desarrolla la investigación del Ministerio Público, que tiene la mira puesta en varias otras instituciones, ya comenzó el proceso de captación de alumnos para el 2013. En pocos días se rinde la PSU y las distintas casas de estudio están intentando llamar la atención de los estudiantes.
Por ejemplo, la Universidad Pedro de Valdivia ya tiene en su página web su llamado para el proceso de admisión, destacando que es una universidad "autónoma" y que cuenta con plena capacidad legal para dictar carreras y otorgar títulos profesionales y grados académicos reconocidos por el Estado.
Otras universidades investigadas por la Fiscalía, como la Andrés Bello, la Uniacc o la Bernardo O'Higgins, también iniciaron su proceso de postulación, entregando información en sus sitios web.
La única casa de estudios que no lo ha hecho es la Universidad del Mar, que podría ser cerrada.
"Hicimos el ridículo"
La Comisión Nacional de Acreditación sesionó ayer y acordó que las universidades involucradas en el caso lucro podrían perder su certificación si resultan en definitiva responsables de los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos que se les imputan.
"Si ya están acreditadas se evalúa la posibilidad de invalidar ese acto administrativo; y si no están acreditadas se deja en consideración para una futura acreditación", explicó el vicepresidente de la comisión, Sergio Pulido.
En paralelo, ayer miércoles fracasaron en el Congreso dos peticiones -una del oficialismo y otra de la oposición- para crear comisiones investigadoras sobre este escándalo. Varios de los parlamentarios firmanes no llegaron a la sala a dar su voto: "Hicimos el ridículo", comentó luego la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, que presidió la primera comisión investigadora sobre el lucro en las universidades, cuyo informe fue rechazado en la Sala.
