Adriana Delpiano salió al paso de los reclamos de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica.
Estudiantes alegan que hay criterios públicos con los que no cumplen los planteles del Cruch.
Se espera que en septiembre el Gobierno presente el proyecto sobre educación superior ante el Congreso.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, salió al paso de las críticas de las instituciones que han acusado una "discriminación arbitraria" por haber sido excluidas de la primera etapa de la gratuidad definida por el Gobierno, para el año 2016.
"El enfoque del proyecto de educación superior está en mejorar la calidad de la educación superior y asegurarles a los estudiantes, por la vía de las instituciones, la gratuidad, entonces tienen que ser instituciones que nos den garantías a todos de que los recursos que estamos poniendo no vayan a enriquecer a un grupo de instituciones con fines de lucro", dijo la secretaria de Estado.
Delpiano se reunirá el próximo martes 28 de julio a las 15:00 horas con los rectores de instituciones privadas, en la antesala de la presentación del proyecto de reforma a la educación superior, lo que se realizará en septiembre.
Desde el movimiento estudiantil aseguran que lo importante es que las entidades cumplan un rol público, pero alegan que esto ni siquiera lo hacen algunas instituciones del Cruch.
"Creemos que lo que hay que financiar son criterios y vemos que hoy día, dentro del Cruch, no se cumplen en algunas instituciones. Veamos la Universidad Católica, que sigue teniendo un proyecto elitista", manifestó Nicolás Fernández, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales y vocero de los alumnos de universidades privadas.
La diputada comunista Camila Vallejo, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, rechazó las críticas, al afirmar que "el financiamiento siempre ha sido discriminatorio, porque ha ido para instituciones que son totalmente distintas, en condiciones distintas".
"A lo que nosotros estamos tratando de propender es a que el financiamiento no mire sólo la vulnerabilidad del estudiante. No puede ser que el Estado de Chile financie a instituciones que por más que tengan 20, 30 u 80 por ciento de alumnos vulnerables, después les den títulos que no valen nada", argumentó.
