Un análisis realizado por El Polígrafo de El Mercurio del informe del Fondo Solidario de Crédito Universitario 2026 reveló que ocho diputados y al menos seis autoridades de Gobierno aparecen con deudas morosas asociadas a este financiamiento estatal para estudios superiores en universidades del Consejo de Rectores (CRUCH).
Los montos adeudados van desde poco más de un millón de pesos hasta cerca de 40 millones.
La situación se da en medio del debate por el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la morosidad en los créditos universitarios. Según el matutino, el Presidente José Antonio Kast llamó a las autoridades a regularizar sus deudas educativas y planteó que este tipo de casos debería transparentarse públicamente.
"Que se pongan al día porque tienen que ser un ejemplo frente a la situación como esa frente a la opinión pública", afirmó el Mandatario, dejando abierta la posibilidad de que la información sobre deudores se haga pública.
Entre los parlamentarios, la diputada Claudia Reyes (Republicanos) registra la deuda más alta entre legisladores en ejercicio con cerca de 38 millones de pesos con la Universidad Austral de Chile.
En la nómina también figuran José Carlos Meza (Republicanos), con una deuda cercana a los $17 millones con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Nathalie Castillo (PC), con cerca de $27,8 millones con la Universidad de La Serena; Sara Concha (Partido Social Cristiano), con alrededor de $1,5 millones con la Universidad del Biobío; y Carolina Tello (Frente Amplio), con cerca de $12,9 millones con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
En el Partido Socialista también aparecen los diputados Francisco Crisóstomo y Emilia Nuyado, con deudas cercanas a $1,2 millones y $6,2 millones, respectivamente, mientras que el independiente Héctor Ulloa figura con un monto cercano a $18,6 millones con la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Autoridades de Gobierno en la lista
El reportaje también identificó a autoridades del Ejecutivo en la lista de morosos. Entre ellas está la delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López, con una deuda cercana a $8,8 millones con la Universidad de Antofagasta.
Asimismo, aparecen los delegados provinciales Ricardo Figueroa, con una deuda cercana a $40 millones con la Universidad de Chile, y Abel Gallardo, con cerca de $14 millones con la Universidad Católica de Temuco.
En el caso de los seremis, el informe menciona a José Bravo, con una deuda cercana a $30 millones con la Universidad de La Frontera y Carlos Zirotti, con cerca de $3,2 millones con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
De acuerdo con el reporte, algunos de los involucrados señalaron que están en proceso de regularizar o ya pagaron sus compromisos con las respectivas casas de estudio.
El Fondo Solidario del Crédito Universitario financia el arancel de estudiantes de universidades del CRUCH mediante préstamos que comienzan a pagarse tras el egreso y cuyo saldo puede condonarse en determinados casos tras varios años de pago.
