La Superintendencia de Educación Superior ofició a la Universidad Andrés Bello (UNAB) por una denuncia de que, a través de la empresa de cobranzas Remesa, realizaron agresiones a un estudiante que mantiene deudas con la casa de estudios.
La presunta víctima es Francisco Jorquera, quien relató a CHV Noticias que, tras no poder pagar los cerca de 300 mil pesos que adeuda, comenzó a recibir constantes llamados telefónicos de dicha compañía, hasta que un funcionario llegó al domicilio del joven e intentó golpearlo cuando este se negó a firmar el documento de notificación, según captaron las cámaras de seguridad de su condominio.
Por tanto, el superintendente Jorge Avilés emplazó a la institución a presentar, en un máximo de cinco días hábiles, "primero, la copia del contrato de prestación de servicios celebrados entre la universidad y la empresa de cobranza involucrada; luego, un informe que contenga las acciones adoptadas por la institución, para conocer los detalles del incidente mencionado, y para evitar que esto siga ocurriendo en el futuro, porque podría llegar a afectar a otro estudiante".
"Finalmente, el detalle de las acciones realizadas por parte de la institución, a fin de interiorizarse en la situación del estudiante afectado, y de las medidas de acompañamiento y de protección que se hayan dispuesto en beneficio de él", puntualizó la autoridad.
Antes de este oficio, la UNAB se defendió de la denuncia señalando que toda gestión de cobranza la llevan empresas externas, como Remesa, y que ante este caso particular, "queremos ser enfáticos en señalar que el respeto por nuestros alumnos y cualquier miembro de nuestra comunidad es parte fundamental de la institución y sus valores, por lo que rechazamos categóricamente cualquier procedimiento contrario a estos principios, que pueda haber realizado la empresa externa".
"Dado lo anterior, la Universidad ha tomado la decisión de poner fin a la relación contractual con la empresa de cobranza Remesa y se encuentra evaluando todas acciones legales correspondientes para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir", agrega su comunicado.
Sobre la reparación al denunciante, la casa de estudios afirmó que su equipo legal de apoyo fue puesto a disposición de él "para cualquier acción que este quisiera tomar en resguardo de sus derechos".
Empresa desvinculó al funcionario denunciado
Remesa también salió al paso de la acusación, señalando que lo registrado por las cámaras de seguridad "no es parte del protocolo y procedimientos de nuestra empresa y no se identifica con el espíritu de trabajo de ésta", por lo que iniciaron un sumario interno que resultó en la desvinculación del presunto responsable del hecho.
Asimismo, precisan que este sujeto no sería un cobrador, sino que "un 'verificador de domicilio, que desconoce la deuda del joven", acción que se realiza "cuando el deudor está inubicable, como ocurrió en este caso y en el evento que en el futuro exista una acción judicial, evitando de esta manera que salgan perjudicados terceros, ante la eventualidad de haber embargos o acciones legales".
"En el caso en cuestión, se cumplieron todos los protocolos y procedimientos, se verificó domicilio, se asistió a la dirección registrada por el estudiante, durante día y hora hábil, preguntando directamente por él, para informarle personalmente la existencia de una deuda. Esta acción obedece a que nunca fue posible contactarlo telefónicamente, existiendo registro de ello", explica su escrito.
Sin embargo, la empresa remarca que "nada justifica los actos de violencia, los cuales repudiamos y atribuimos a un problema personal que se pudo generar entre los involucrados en el momento de la visita".
