El rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, presentó este jueves una demanda civil contra el Estado de Chile por la no entrega del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a esa casa de estudios.
La acción judicial fue adoptada por la dirección de la casa de estudios luego de que la Ley de Presupuesto del Sector Público fuera aprobada sin incluir estos recursos, que por ley reciben las instituciones de educación superior, centros de formación técnica y universidades que matriculen a los 27.500 más altos puntajes de la PSU.
El rector Sánchez aseguró que su plantel sufrirá un daño patrimonial de más de 1.700 millones de pesos por la ausencia de estos recursos.
"Destruir o comprometer el crecimiento (y) la calidad de una universidad no cuesta tanto y a través de estas medidas de disminución de los aportes, de falta de cumplimiento de los compromisos económicos por parte del Gobierno, se está dañando la calidad de esta institución", fustigó.
A través de un comunicado, el rector enfatizó que no están pidiendo los recursos a través de la acción legal sino que "sólo el reconocimiento de la ilegalidad existente debido a la decisión del Gobierno de eliminar este aporte. Consideramos que lo más grave es afectar el estado de derecho y el incumplimiento de la legalidad vigente, lo que no podemos permitir".
Desde la PUC explicaron además que el monto por concepto de AFI es pagado "considerando los alumnos matriculados en el primer año de estudios del periodo inmediatamente anterior, lo que hace que la suma adeudada a la Universidad Católica y a todas las otras instituciones del sistema responda a lo obtenido por cada una de ellas a través de los estudiantes que ya ingresaron en marzo de 2016".
Valdés calificó de "máxima gravedad" la judicialización de decisiones presupuestarias
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que el Gobierno estudiará el tema y calificó de la máxima gravedad que se empiecen a judicializar decisiones presupuestarias.
"Vamos a estudiar el tema en su mérito, evidentemente cualquier chileno o chilena, persona o institución, tiene el derecho a recurrir a los tribunales como estime conveniente, pero si quiero decir una cosa más general, que tiene que ver con que judicializar temas presupuestarios es de la máxima gravedad para un país", manifestó el secretario de Estado.
"Es de la máxima gravedad cuando un país empieza judicializar decisiones presupuestarias", insistió el jefe de la billetera fiscal.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que el Gobierno revisará la demanda y criticó la judicialización las decisiones presupuestarias. (Foto: Archivo UNO)
Rectores del G-9 evalúan sumarse a la demanda
El rector Ignacio Sánchez destacó también en que serán las universidades públicas no estatales -conocidas como el G9- las que se verán más afectadas pues argumentó que "las estatales recibirán, por otras vías, más dinero que lo que perdieron por el AFI. El resto, no. Es una apropiación indebida de dinero", según consignó La Segunda.
Sánchez señaló al vespertino que recibió llamados de respaldo de la mayoría de sus pares del G-9, quienes le manifestaron que evaluarán el sumarse a la acción judicial.
En esa línea, el rector de la Universidad Federico Santa María, Darcy Fuenzalida, explicó a La Segunda que esperaban recibir cerca de 750 millones por concepto del AFI, recursos con los que ya contaban, y que revisarán los antecedentes jurídicos de la demanda para evaluar si se suman a esta o no.
"Ya el año anterior nos habían reducido en $750 millones los aportes por este ítem, y ahora terminan por suprimirlos. Espero que el Gobierno reconsidere la medida y reponga los dineros, porque ése era el compromiso que habían adquirido", manifestó Fuenzalida.
Por su parte, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, explicó que "los equipos jurídicos de cada plantel están viendo esta materia. A partir de ello, se conversarán las acciones a seguir, no se descarta nada. Y cada plantel claramente tiene autonomía para decidir el camino a seguir".
"Se ha producido un perjuicio importante que afecta directamente a los planteles privados del CRUCh, porque los estatales optaron por una línea de trabajo autónomo para obtener fondos adicionales que finalmente lograron. El problema se genera para los otros planteles, que quedamos sin estos dineros", dijo Elórtegui a La Segunda.
El rector de la PUCV calculó que el presupuesto de su casa de estudios sufrirá una reducción de 400 millones de pesos por la falta del AFI.
Rector U. Mayor: "El Estado de Chile cometió una ilegalidad"
En tanto, el Ministerio de Educación señaló que tras la aprobación de la Ley de Presupuesto la PUC ha recibido diversos recursos, principalmente la adjudicación de más de 9.000 millones de pesos en planes y programas.
Desde la Universidad Mayor, su rector Rubén Covarrubias afirmó a Cooperativa que aún no se ha evaluado tomar acciones al respecto, pero sí cuestionó la legalidad de estos cambios implementados por el Gobierno.
"El Estado de Chile cometió una ilegalidad, las autoridades del Estado de Chile, al promulgar una Ley de Presupuesto en que por la vía del olvido, espero, eliminaron el Aporte Fiscal Indirecto", recalcó.
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