Los recursos pendientes son los destinados a ayudas estudiantiles, becas, fondos solidarios y gratuidad.
Universidad de Concepción informó que la deuda con la casa de estudios es de 12 mil millones de pesos.
Piden que el Ministerio de Hacienda libere recursos al Mineduc.
Los rectores de universidades manifestaron su preocupación porque se termina el año y el Gobierno aún no les ha pagado los recursos destinados a ayudas estudiantiles, becas, fondos solidarios y gratuidad, lo que ha hecho que muchos planteles hayan recurrido a la banca.
Uno de los establecimientos afectados es la Universidad de Concepción, institución que asegura que el Estado le adeuda cerca de 12 mil millones de pesos.
Su rector, Sergio Lavanchy, detalló que "hay un atraso, o sea, debería llegar las remesas oportunamente de acuerdo a un cronograma que hay de espera de estos recursos. Creo que aquí es Hacienda la división correspondiente que tiene que liberarlos al Ministerio (de Educación) para que los puedan hacer llegar a las universidades".
Otra casa de estudios afectada es la Universidad de Santiago, cuyo rector, Juan Manuel Zolezzi, precisó que la deuda con ellos es de 3.500 millones de pesos.
"El compromiso que había al menos en temas de gratuidad que yo entiendo era que efectivamente esto iba a estar finiquitado antes de fines de año sin ningún mayor problema y eso no se ha cumplido hasta el momento", señaló.
Y agregó: "Hemos estado pidiendo información permanentemente respecto de esta situación. Esperamos que se resuelva dentro del periodo, porque o si no ahí la situación se complica para el resto de las instituciones, especialmente las de provincia".
Gobierno espera cancelar recursos desde esta semana
Este lunes, el Comité Ejecutivo de Cruch se reunió en su sesión mensual, donde la jefa de la División de Educación de la cartera, Alejandra Contreras les dijo que esperan cancelarles los recursos de gratuidad, unos 55 mil millones de pesos, durante esta semana y el resto en lo que queda de diciembre.
El vicepresidente del Cruch y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, indicó que "estamos hablando de una suma superior a los 137 mil millones de pesos y eso, desde luego, en las 27 instituciones del Consejo de Rectores, sin embargo, para unas representa una necesidad urgente".
"De modo que esperamos hoy tener buenas noticias al respecto", indicó.
Durante el primer semestre, los rectores admitieron haber recibido cerca del 60 por ciento de los recursos, sin embargo, ahora están preocupados porque, al no tener dichos dineros, deben endeudarse con la banca.
El conflicto se da en medio de la tensión que persiste entre las universidades estatales y el llamado G9 por cómo se tramitaron los recursos del presupuesto. En la previa del Comité Ejecutivo de Cruch, el G9 realizó un llamado -a través de una carta- a no participar de esta instancia.
Según calculan los rectores son cerca de 3.500 millones los que deberán pagar solo por intereses a los bancos, porque al no contar con esos recursos, se endeudan. El rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, fue más allá, habló de mendigar.
"Con eso pagamos los sueldos y hacemos funcionar a la universidad. Es una situación muy compleja porque esto de andar mendigando es un tema que no es digno, esto está presupuestado, es parte de lo que el Estado se comprometió, por lo tanto me cuesta entender porqué esto no resulta en los momentos en que tiene que resultar", dijo Durán.
Ministra asiste el martes a tramitación de reforma
En paralelo, se espera que mañana martes la ministra de Educación, Adriana Delpiano, llegue a Valparaíso junto a rectores para continuar con la tramitación del proyecto de reforma a la educación superior en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
El presidente de la instancia, el diputado Alberto Robles, señaló que "mientras no haya suficiente agua en la piscina para que por lo menos flotemos, creo que es difícil que podamos entrar en votación. Creo que hay que echarle agua a la piscina para, por lo menos, llegar a un nivel de flotación".
"El Ejecutivo muestra que ha escuchado a la gente que ha ido a la comisión, ha escuchado a los parlamentarios y podemos tener acuerdos más, acuerdos menos, pero creo que es un punto de inflexión que el Ejecutivo está dando para poder destrabar la reforma. Empezamos a dialogar y vamos a ver como avanzamos, diciembre es un mes importante para conversar y para lograr los máximos acuerdos posibles", añadió el parlamentario.
La idea es acelerar la discusión y, según planteó también la ministra, discutir y afinar durante el mes de diciembre, para en enero votar en general y ahí comenzar a revisar las indicaciones, algo que no comparte la diputada DC Yasna Provoste.
"No es posible que hoy día se intente llevarnos a una votación en general de un proyecto de ley que ha sido señalado por todos los actores, incluidos el Parlamento que tiene un conjunto de debilidades, toda vez que además el Gobierno ha comprometido el ingreso de cambios sustantivos al proyecto de ley, por lo tanto nos parecer prudente que no se haga la votación en general hasta una vez conocida esta indicación", añadió.
