Afirman que cerca de 300 jóvenes han sido desafectados en represalia por sus protestas.
El plantel sostiene que la mayoría de los casos corresponde a factores académicos.
Los estudiantes movilizados dicen ser víctimas una "persecución política del Estado".
Dirigentes estudiantiles de la Universidad Alberto Hurtado llegaron este miércoles hasta el Ministerio de Educación para solicitar que la cartera intervenga frente a las expulsiones de alumnos movilizados.
Los jóvenes afirman que son 289 los estudiantes expulsados por haber participado en las movilizaciones de los meses de junio y julio del presente año, y solicitan que el Ministerio cree una pesa tripartita para buscar una solución.
Pese a que los dirigentes no tenían agendada una reunión, fueron recibidos por uno de los asesores del área de educación superior, cuyas respuestas no los dejaron satisfechos.
"Una vez más nos encontramos con un Ministerio que no se hace cargo de la educación en las universidades privadas, que plantea que son entidades autónomas y que, en la práctica, no se puede hacer cargo de las problemáticas internas que puedan tener", alegó Gustavo Orellana, presidente de la Federación de Estudiantes de la UAH.
"Nosotros hoy día seguimos con 289 estudiantes que fueron desvinculados de la universidad, lo que viene a ejemplificar toda la práctica de persecución política que ha tenido el Estado", agregó Orellana.
Los estudiantes explicaron que "son 264 estudiantes que fueron aparentemente expulsados por causales académicas, pero que, sin embargo, se habían producido luego de mil doscientos 1 que estableció la universidad arbitrariamente".
"Es decir, estamos ante la presencia de notas interpuestas sin evaluaciones. En la práctica, la movilización no se había bajado y la universidad lo que optó fue a colocar unos", manifestaron desde el estudiantado.
Desde la Universidad han desestimado los números y afirman que, debido a la toma, hubo sólo un alumno expulsado y 24 suspendidos. El resto corresponde a jóvenes que debieron abandonar el plantel por motivos académicos; 141 de ellos que ni siquiera quisieron apelar.
El vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Gabriel Iturra, apoyó a los alumnos y su visita al Mineduc "para que este se haga cargo y que, de una vez por todas, garantice, justamente, el legítimo derecho a poder movilizarse y que eso no tenga represalias como en este caso lo estamos viviendo en la Universidad Alberto Hurtado".
Esto "significa la destrucción de proyectos educativos y también lo que significa expulsar a cientos de estudiantes", indicó el dirigente estudiantil.
Universidades se adaptan a recursos de gratuidad
En materia de Educación Superior, la rectoría de la Universidad Finis Terrae le informó a la comunidad que realizará ajustes en la institución, como fusión de áreas y el despido de funcionarios, a raíz del déficit financiero que les genera la gratuidad.
Otros planteles, como la Universidad Católica Silva Henríquez el panorama es más auspicioso, aunque si tuvieron que redistribuir algunos de sus recursos.
"Se genera una brecha entre nuestros aranceles reales y los aranceles regulados. No obstante, eso lo previmos en el presupuesto 2016 y por lo tanto no ha sido necesario tomar medidas como las que han tomado otras universidades", explicó el vicerrector de Finanzas, Guillermo Escobar.
Sobre el 46 por ciento de la matrícula de la Universidad Católica Silva Henríquez está adherida a la gratuidad.
