Las rectoras y rectores de las 18 universidades del Estado difundieron este viernes una declaración conjunta en la que rechazan categóricamente el oficio enviado por los diputados de derecha Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano) y Harry Jürgensen (Renovación Nacional), quienes exigieron que se comunique a la Cámara Baja la "ideología de género" de dos casas de estudios.
El documento emitido desde el Congreso como materialización de la consulta de Urruticoechea y Jürgensen exige que la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago informen "a esta Cámara sobre los cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características".
En dicho oficio se solicita, además, individualizar a docentes que imparten estas asignaturas y los recursos destinados por cada institución.
Ante esto, los rectores de la universidades públicas de Chile expresaron que la acción de los legisladores "nos parece una petición abusiva y con un fin persecutorio".
"En nuestra calidad de universidades públicas y de acuerdo con la legislación que nos rige, guiamos nuestro quehacer por los principios de equidad de género, respeto, tolerancia e inclusión, entre otros, los que debemos respetar, fomentar y garantizar, y que son vinculantes para todos los integrantes de nuestras comunidades", declararon las autoridades universitarias.
"En este sentido —añadió la declaración—, el desarrollo de programas que tengan como propósito avanzar en la inclusión y equidad de género nos permite construir una sociedad más democrática, justa, reflexiva y tolerante, que avance en la superación de las desigualdades que históricamente han afectado a las mujeres y las minorías en Chile y en el mundo, y contribuye a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y a las exigencias legales establecidas recientemente en la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, por lo que estas instituciones perseverarán en su implementación".
"Rechazamos la utilización de facultades públicas con miras a censurar, limitar o vulnerar tanto la libertad de cátedra, como la autonomía de nuestras instituciones, principios esenciales para el adecuado funcionamiento de los sistemas de educación superior en toda sociedad democrática, y debidamente reconocidos y resguardados en nuestra legislación", manifestaron en la carta.
"Finalmente, reafirmamos el compromiso y el deber que tenemos como Universidades del Estado de propiciar espacios de reflexión crítica y formar profesionales que aporten al conjunto de la sociedad y que velen por la justicia social y el bien común", cerraron.
