"Queremos finalizar nuestras carreras con dignidad, calidad y sin lucro", indicaron desde la Feuarcis.
La acción judicial había sido rechazada por la Corte de Apelaciones.
Los estudiantes esperan que el Mineduc firme un convenio con una universidad del Consejo de Rectores.
La Corte Suprema acogió la apelación del recurso de protección de los estudiantes de la Universidad Arcis en contra de su administrador de cierre y del Ministerio de Educación, tras el rechazo de la Corte de Apelaciones a la acción judicial.
Los estudiantes agrupados en la Feuarcis recalcaron que "si bien la sentencia reconoce la existencia de nuestros derechos, pero declara que éstos no fueron vulnerados por los recurridos, queremos señalar que darle una solución definitiva y digna a los estudiantes de Arcis está dentro del marco de las atribuciones que la Ley 20.800 establece al Mineduc y administrador de cierre".
"La persistencia de la liquidación de la Universidad Arcis como controlador de la Universidad perjudica a los estudiantes, ya que la Junta de acreedores tiene intereses contrapuestos a los de los estudiantes", aseguran.
Además, plantean que "el Mineduc y el administrador de cierre se encuentran facultados para firmar convenios con una universidad para que administre la Universidad Arcis y su cierre programado manteniendo el proyecto académico, sin reubicación y otorgando calidad en la educación y seguridad".
"Los estudiantes de Arcis hemos aprobado en un plebiscito vinculante que una universidad del Consejo de Rectores se haga cargo de nuestra educación, administrando Arcis sin reubicación de estudiantes, lo que actualmente está en manos del Mineduc definir como solución definitiva a la continuidad de nuestros estudios", recordaron.
El documento finaliza aseverando que "queremos finalizar nuestras carreras con dignidad, calidad y sin lucro. La opción de que Arcis termine en forma autónoma es falaz, puesto que por ley ha perdido la autonomía universitaria, lo que la obliga a estar bajo el control de otra Universidad o del liquidador, este último junto a la Junta de Acreedores es quién ha vulnerado nuestro derecho a la educación gravemente durante todo el año 2017".
