El anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet tras el cónclave de la Nueva Mayoría, de ampliar el espectro de la gratuidad para 2016 generó reacciones entre las autoridades de universidades privadas, quienes reclaman que, de todas formas, se está generando discriminación.
Luego de anunciar en su cuenta pública del 21 de mayo, que la gratuidad involucraría al 60 por ciento de los alumnos más vulnerables, este lunes la Mandataria reveló que a contar del próximo año la mitad de los estudiantes, no sólo de universidades del Consejo de Rectores, sino también de planteles que cumplan ciertos criterios, se verán beneficiados.
Los requisitos para las instituciones privadas son que estén acreditadas por al menos cuatro años, que no sean controladas por sociedades comerciales y que aseguren la participación de todos los estamentos al interior de sus comunidades, por lo que sus representantes reclaman que existe discriminación.
Rodrigo Cerda, presidente del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior (Conifos), afirmó que "ese segmento de la población, que equivale a 400 mil estudiantes, nuevamente va a estar quedando fuera de esta medida y pensamos que es lamentable y probablemente vamos a tener que hacer grandes esfuerzos a nivel del Parlamento".
En tanto, el rector de la Universidad Central, Santiago González, el requisito "está muy por debajo de las expectativas que tenemos las universidades privadas, porque se genera una nueva discriminación, que es en torno a los años de acreditación de las universidades y creemos que eso no corresponde".
Diferente es la opinión de Jorge Baeza, rector de la Universidad Católica Silva Henríquez, quien expresó su "alegría y satisfacción" pues esta medida "va en directo beneficio de nuestros estudiantes y sus familias".
"Junto con el beneficio propiamente tal, la medida es también una buena noticia en cuanto demuestra que ha primado un ejercicio de ciudadanía activa, donde se ha escuchado, dialogado y debatido el planteamiento de distintos actores de nuestra sociedad, no sólo al interior de la comunidad académica, sino que también en el intercambio con otras instituciones universitarias, parlamentarios, representantes de Gobierno y con la opinión pública, a través de las apariciones en medios de comunicación", agregó Baeza.
Dirigentes estudiantiles criticaron la medida
Los dirigentes estudiantiles también se mostraron críticos con esta medida y ven con preocupación que luego del anuncio de mayo pasado se haya cedido a las presiones al modificar el porcentaje de alumnos beneficiados, por lo que exigen mayor claridad del Gobierno, porque aseguran que se generaron expectativas que no se están cumpliendo.
La presidenta de la FECh, Valentina Saavedra, aseguró que "o se está con las transformaciones o se está con el modelo actual, pero esto de anunciar transformaciones, luego retractarse, luego modificarlas, ampliarlas, esta ambigüedad lo único que ha producido es incertidumbre en la ciudadanía".
Por su parte, el presidente de la FEUC, Ricardo Sande, aseveró que "me parece que ya no estamos en fechas para andar cambiando de idea y de planteamiento cada tres días. Nos hace ver el nivel de improvisación con lo que se está llevando a cabo esto y sin duda es mucho más justo el hecho de que el porcentaje sea extensivo a todos los universitarios".
En tanto, la diputada comunista y ex dirigente estudiantil Camila Vallejo, explicó que este anuncio "es algo que hay que mirar con mayor detalle, porque puede ser complejo que se reduzca de los seis primeros deciles a los cinco".
"Lo más importante es que la gratuidad, desde mi punto de vista, es que avance con regulación clara y no simplemente estemos entregando recursos del Estado a financiar falsas promesas o a instituciones que realmente no cumplen con garantías mínimas", añadió la parlamentaria por La Florida.
