El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, aseguró que existen indicios de participación de adultos en los hechos de violencia registrados el lunes en el Liceo José Victorino Lastarria, donde dos estudiantes de 13 y 15 años fueron retenidos por sus propios compañeros.
En el marco de la discusión del proyecto Escuelas Protegidas, el jefe comunal afirmó que el municipio ya activó medidas en base a la Ley Aula Segura: "Se va a iniciar el procedimiento de expulsión y algo que sí, nosotros estamos convencidos de que hay adultos que participan en esto", señaló.
Belolio añadió que uno de los adolescentes involucrados habría mencionado que recibió dinero para participar en los hechos. "Una de las cosas que dijo uno de los muchachos (...) es que alguien le había pagado por eso. Nosotros estamos convencidos de que acá hay adultos que están ocupando a estudiantes para destruir la educación pública de alta calidad", sostuvo.
Sin embargo, tras la audiencia en que el único detenido -un joven de 15 años- quedó en libertad, la fiscal de Flagrancia, Sandra Ortíz, indicó que no contaban con antecedentes sobre esa versión al momento de la formalización.
Colegio de Profesores llama a la cautela
Desde el Colegio de Profesores de Chile, su presidente Mario Aguilar llamó a la cautela: "La denuncia que hace el alcalde es bastante seria y grave y por lo tanto debe hacerse con muchísima responsabilidad. Es muy importante que si tiene antecedentes de ese tipo, los aporte, entregue toda la información, porque si no va a quedar simplemente en un volador de luces comunicacional", afirmó.
"Insto al alcalde Bellolio a que esos antecedentes tienen que ser entregados y eso permita que haya una investigación seria. Si la fiscal que está a cargo de la investigación señala que no tiene antecedentes del punto y que no es ni siquiera una línea de investigación, entonces aquí hay una contradicción evidente en la información que se está entregando", emplazó el dirigente.
Fuentes de Cooperativa señalaron que la eventual mención de un pago sí habría sido realizada por uno de los estudiantes mientras permanecían retenidos en el establecimiento, información que habría sido transmitida a Carabineros.
En cuanto al proceso judicial, el menor de 13 años fue derivado a un tribunal de familia por ser inimputable, para indagar posibles vulneraciones de derechos, mientras que la Municipalidad se querelló en la causa contra el adolescente de 15 años, de quien ya se estableció una investigación de 60 días.
En paralelo, el centro de apoderados del establecimiento se reunió con la comunidad escolar para recabar antecedentes sobre lo ocurrido.
