Las objeciones apuntan al registro policial de mochilas sin orden fiscal y a la pérdida perpetua de gratuidad para estudiantes condenados.
"Esperamos que esta iniciativa pueda ver la luz", dijo la ministra María Paz Arzola, que defendió la solidez de la normativa.
El Tribunal Constitucional (TC) realizó este martes la vista de la causa y escuchó los alegatos en torno a los dos requerimientos de inconstitucionalidad interpuestos por parlamentarios de la oposición en contra del proyecto de ley "Escuelas protegidas".
La iniciativa del Ejecutivo, aprobada y despachada por el Congreso Nacional el pasado 2 de junio, busca aumentar el resguardo y el orden al interior de los recintos escolares, pero su articulado sembró profundas divisiones jurídicas y políticas.
Los puntos de conflicto presentados de forma separada por senadores y diputados de la oposición se centran en dos materias específicas: en primer lugar, la facultad para que las policías ingresen a los establecimientos y revisen las mochilas de los estudiantes ante la negativa de estos, sin la necesidad de contar con la orden previa de un fiscal; y, en segundo término, la norma que inhabilita de por vida a optar al beneficio de la gratuidad universitaria a aquellos estudiantes que resulten condenados por delitos contra la propiedad de los recintos educacionales.
Tras concluir las audiencias públicas -donde expusieron nueve organizaciones antes de los alegatos del Senado, la Cámara Baja y el Ejecutivo (este último representado por el exministro Juan José Ossa)-, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la solidez de la propuesta y aseguró que responde a un anhelo de las comunidades escolares.
"Esperamos que esta iniciativa pueda ver la luz. Es parte, digamos, del proceso el poder recurrir al Tribunal Constitucional, realizar consultas. Lo importante es que nosotros estamos tranquilos, acá se dio una discusión. Es un proyecto de ley que fue bien analizado, fue bien pensado y, por lo tanto, esperamos tener un resultado que nos permita cumplir con el propósito de entregar herramientas a los establecimientos y también darles tranquilidad a las familias", dijo la secretaria de Estado.
"Fue una iniciativa que surgió precisamente de las asociaciones de padres y apoderados, quienes nos preguntaron: 'ministra, ¿cómo voy a llevar ahora a mi hijo al colegio y poder estar tranquila cuando lo deje allá?'", manifestó Arzola.
Las exposiciones ante el pleno del TC evidenciaron las dos visiones contrapuestas que cruzan la iniciativa. Desde la vereda institucional de resguardo a la infancia, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sustentó la impugnación advirtiendo sobre los flancos jurídicos que posee la redacción de la ley.
"Lo que persigue la presentación de este proyecto de ley es legítimo. Cuando uno analiza vemos que hay algunos vacíos que claramente podrían importar un vicio de constitucionalidad y, por tanto, medidas como la revisión de mochilas o la pérdida de gratuidad no deben estar exentas de este examen que se debe hacer para justamente realizarlo conforme a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes", expuso ante los ministros.
En contraparte, Joaquín Palma, representante de Acción Educar y de la Corporación Sociedad de Instrucción Primaria, aseeguró que el proyecto resguarda de manera correcta el bien común de las comunidades escolares por sobre las prerrogativas individuales.
"El debate no es necesariamente esta dicotomía entre seguridad versus autonomía; o sea, que no se considere solo el derecho individual del estudiante que está siendo sujeto a la medida, sino que también la perspectiva de quienes conforman la comunidad educativa. Se han tomado las distintas medidas constitucionales que se exigen para que estas medidas sean consideradas como proporcionales", argumentó.
El trámite en el TC replicó de inmediato las tensiones que se vivieron durante la tramitación legislativa de la norma en el Congreso, evidenciando posturas irreconciliables entre el oficialismo y las bancadas opositoras.
El diputado Juan Santana (Partido Socialista) respaldó la ofensiva jurídica argumentando la necesidad de proteger las garantías individuales de los menores de edad en el espacio escolar.
"Los parlamentarios tenemos el legítimo derecho de recurrir al Tribunal Constitucional cuando estimemos que una ley vulnera la Constitución o los tratados internacionales vigentes en Chile. En lo personal, espero que prosperen los requerimientos de inconstitucionalidad respecto de algunas de las normas aprobadas, porque tengo la convicción de que afectan la privacidad y los derechos de los estudiantes", planteó.
Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) defendió el proyecto despachado y se mostró confiado en que el órgano constitucional visará la propuesta gubernamental para frenar los hechos de violencia en las aulas.
"Estamos en un momento decisivo para retomar el orden, el respeto y la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Confiamos en que el Tribunal Constitucional confirmará que la ley despachada por el Congreso Nacional se ajusta a derecho y que no existen vicios de constitucionalidad", remarcó.
Tras el cierre del debate y la adopción de los alegatos, el pleno de ministros del Tribunal Constitucional inició la deliberación de la causa. Si bien se espera que el organismo emita un comunicado con el resultado de la votación en las próximas horas, el organismo dispone formalmente de un plazo de 10 días para redactar y publicar la sentencia definitiva, el cual puede ser prorrogado por otros 10 días si la complejidad del fallo lo requiere.
