En una tensa sesión, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este jueves el proyecto de ley "Escuelas Protegidas", una de las iniciativas clave del Ejecutivo para combatir la violencia delictual en contextos educativos.
Durante la instancia, la mayoría oficialista no solo rechazó gran parte de las indicaciones de la oposición, sino que optó por endurecer las sanciones, extendiendo la pérdida de la gratuidad universal no solo a escolares, sino también a estudiantes de educación superior que sean condenados por delitos contra las personas o la propiedad.
Uno de los puntos más debatidos fue la propuesta de la derecha para retirar beneficios adicionales como la beca Junaeb y el pase escolar a quienes resulten sancionados. Sin embargo, la indicación fue rechazada por apenas un voto de diferencia.
El diputado Sergio Bobadilla (UDI), presidente de la comisión, defendió la medida señalando que "los violentistas sancionados con sentencia ejecutoriada no tendrían derecho a ningún beneficio con recursos fiscales".
En contrapartida, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) cuestionó el enfoque punitivo, afirmando que "tiene más sentido que nunca que el Estado intervenga cuando un joven comete un error, una falta grave; ofrecerle oportunidades, ofrecerle acompañamiento, sacarlo de esa situación" y "marginarlo del sistema educativo es condenarlo a una vida de delincuencia".
La revisión de mochilas fue otro de los contenidos de la iniciativa que provocó un intenso debate entre parlamentarios oficialistas y de la oposición, quienes acusan una eventual vulneración de derechos estudiantiles ante procesos de revisión intrusivos.
La sesión estuvo marcada por duros cruces entre Bobadilla y su par opositora Daniela Serrano (Partido Comunista). En un momento, la diputada emplazó al presidente de la comisión por la compatibilidad de ciertas indicaciones: "A propósito de lo que nos señala la secretaría, ella declaró que estas sí eran compatibles. Ahora, por decisión suya, usted la está declarando incompatible. Sería del todo correcto que pueda explicar esta situación", aseveró la legisladora.
Sin embargo, Bobadilla se negó a dar explicaciones, señalando que Serrano "se va a quedar con la ansiedad" y desafiando a la Comisión: "Si piensan que no estoy actuando de acuerdo al reglamento, los invito a que me censuren", fustigó.
En tanto, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, manifestó su postura de evitar dilatar el debate "comentando innecesariamente" debido "a la urgencia" de la tramitación.
Por su parte, la diputada Valentina Becerra (Partido Republicano) se refirió a la suspensión momentánea de la sesión: "La solicitud del cierre del debate es total y absoluta decisión mía. Las instancias para escuchar, para hablar, para conversar, ya se dieron. Hoy no es el día de dialogar", puntualizó.
¿Quién revisará las mochilas?
En cuanto a la discusión sobre la revisión de bolsos y mochilas, el subsecretario Rodríguez aclaró que si la función no está establecida el contrato de un funcionario, éste "podría argumentar no realizarla".
"Lo que hemos dicho es que es personal que esté autorizado para ello, y para que esté autorizado para ello debe estar en su contrato. No quisiera profundizar demasiado en eso", agregó.
Por su parte, el diputado Ricardo Neumann (UDI) rechazó la obligatoriedad de capacitaciones: "Hay que darles certeza jurídica y autonomía a estas normas,y facultades a las comunidades educativas para enfrentar este problema. Ellos saben infinitamente mejor que nosotros quién es el funcionario en la comunidad en concreto que está más capacitado para poder hacerlo. Tenemos que confiar más en las comunidades educativas", apuntó.
Indicaciones aprobadas y rechazadas
La comisión, de mayoría oficialista, rechazó una indicación presentada por la diputada Schneider que apuntaba a que los encargados de revisar bolsos y mochilas estén debidamente capacitados.
No obstante, se aprobó una propuesta presentada por el diputado Luis Pardo (RN), que buscaba que sean las comunidades escolares las que determinen cómo se capacita el personal.
Asimismo, se aprobó una medida que prohíbe las revisiones corporales o exigir el desnudo de los estudiantes bajo cualquier circunstancia.
La sesión de hoy también contó con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola. (Foto: ATON).
"Se vería muy mal que hoy día ellos no estuvieran del lado de niños y niñas cuando estamos hablando de que queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal de vestimentas que esté usando", manifestó la diputada Serrano.
"Esto no es accesorio: viene a cubrir uno de los flancos que tiene este proyecto a propósito de la revisión, sobre todo de las vestimentas", subrayó la congresista PC.
De momento, los parlamentarios han rechazado la idea de impedir la revisión a menores de edad; la prohibición revisar el contenido de celulares; el resguardo de estudiantes con necesidades educativas especiales durante las revisiones y la obligatoriedad de levantar un acta escrita detallada de cada procedimiento.
La participación del Gobierno
Durante la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, mantuvo un bajo perfil y no intervino mayormente en el debate, pese a los reiterados emplazamientos de parlamentarios para que el Gobierno fijara posición sobre distintas indicaciones. La mayor parte de las intervenciones del Ejecutivo recayeron en el subsecretario de la cartera.
Una vez despachado el proyecto en comisión, la secretaria de Estado abordó su contenido y defendió la iniciativa. "Este proyecto de ley entrega nuevas facultades para que los establecimientos escolares puedan hacer frente y evitar hechos de violencia y delitos al interior de los recintos", señaló, agregando que "no se están quitando beneficios porque sí, sino que se busca que antes de cometer un delito, se piense dos veces".
El texto aprobado establece que quienes sean condenados por delitos contra las personas o la propiedad quedarán impedidos de acceder a la gratuidad universitaria, y además incorpora la posibilidad de que estudiantes que ya cuentan con este beneficio lo pierdan en caso de incurrir en estos ilícitos.
El proyecto "Escuelas Protegidas" será votado por la Sala de la Cámara Baja el próximo lunes.
En paralelo, un segundo proyecto que busca aumentar las penas para delitos cometidos dentro de establecimientos educacionales continúa su tramitación en la Comisión de Constitución.
